El 27 de enero de 2025, ABC dio a conocer la vida de opulencia del presidente Santiago Peña, con una mansión en la zona de Ciervo Cua de San Bernardino y viajes hasta ella en helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). Esto mientras el resto de la población sufre falta de medicamentos y médicos en hospitales públicos, un deplorable transporte público y la incesante inseguridad en las calles.
Los registros arrojaron que la lujosa casa de descanso del mandatario, en un sector de la Cordillera de los Altos, está alojada en un inmueble de 14 hectáreas a nombre de un exfuncionario de la Sindicatura General de Quiebras, Walter Ruiz Maciel, y la esposa de este, Teresa Quevedo. La pareja aparecía como proponente de un proyecto de barrio cerrado en ese predio al cual ya denominaron Jerusalem San Ber.
Sin licencia ambiental
Peña declaró al asumir como presidente en agosto de 2023 que dentro de ese “barrio cerrado” compró media hectárea. Sin embargo, los registros catastrales evidenciaron que todo el inmueble seguía bajo la titularidad de Ruiz Maciel y esposa.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) respondió el 2 de abril de 2025 a un pedido de información pública en el cual –basándose– en un memorándum DVP N° 317/2025 de la Dirección General de Control Ambiental y de los Recursos Naturales también afirmó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de barrio cerrado de Ruiz Maciel estaba aún en “análisis técnico”. Es decir, no tenía aún la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), más conocida como licencia ambiental.
Lo sugestivo es que ayer el Mades salió a contradecir la información que entregó su misma Dirección de Transparencia, a cargo de Julio Ferreira. Esta vez la cartera de Estado repartió una hoja en la cual dice que el barrio cerrado sí tiene licencia ambiental.
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Sin embargo, la resolución entregada solo terminó por confirmar que la mansión de Santiago Peña efectivamente se construyó sin tener esa documentación que es considerada como un trámite previo para iniciar o proseguir con una obra o actividad, según la Ley 294/93 “de Impacto Ambiental”.
El DIA entregado por el Mades tenía fecha 29 de enero de 2025. Casualmente, el documento se elaboró dos días después de que nuestro diario evidenciara que la mansión de Santiago Peña ya estaba concluida e incluso habitada desde finales de 2024.
Requisito previo ineludible
El director general de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (Dgccarn), Christian Ismael Ferrer, intentó dar una versión sobre el informe entregado por Transparencia y la resolución ayer viralizada. Dijo que la “contradicción” se debió a una migración del formato papel al digital.
Lo curioso es que el Mades digitaliza sus archivos ya desde el año 2019.
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Al planteársele que ambas versiones son de la misma Dgccarn, insistió en que se trató de un “error”. Sin embargo, sospechosamente (pese al pedido de ABC) no “encontró” el memorándum 317/2025 que se remitió a Transparencia y en el cual decía que el proyecto estaba aún en “análisis técnico”.
Finalmente, Ferrer reconoció que la DIA es un requisito previo ineludible para iniciar o proseguir una obra o actividad. Aunque son las municipalidades las que autorizan la realización de obras o actividades, insistió en aquello como justificación ante el evidente incumplimiento del barrio cerrado en el que está la mansión de Peña.
“Si tiene”, dijo Santiago Peña
“Si tiene”, fue la escueta respuesta que dio ayer el presidente Santiago Peña al consultársele sobre la construcción de su mansión en un barrio cerrado sin licencia ambiental. Peña, sin embargo, obvió contar que cuando comenzó la construcción y la culminación de su lujosa casa de descanso, el proyecto inmobiliario no tenía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El mandatario incluso habita el sitio desde noviembre de 2024.
DIA con hojas de seguridad “prestadas” y un sumario
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIAp) del proyecto de barrio cerrado de Walter Ruiz Maciel en la zona de Ciervo Cua y en “Área Silvestre Protegida de dominio público y privado con la categoría de Reserva de Recursos Manejados al lago Ypacaraí y el sistema de humedales adyacentes” se “imprimió” llamativamente en hojas de seguridad que no pertenecen a la Dirección General de Control de Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN).
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La documentación se emitió en hojas de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB).
Al respecto, Christian Ferrer, director de la DGCCARN, volvió a mencionar la supuesta “migración” del formato papel al digital y por ello se “prestan” las hojas de seguridad de otras dependencias. Lo contradictorio es que el Mades tiene una licitación con ID 466.037 para la compra de hojas de seguridad para cada una de sus oficinas, por más de G. 161 millones.
Más contradictorio es que la DGCCARN emitió otras resoluciones también a finales de enero último, pero en hojas de seguridad que si le fueron asignadas.
A esto se suma que el Mades, desde la implementación del Sistema de Información Ambiental (Siam) en 2019, no tiene expedientes físicos.
Otra cuestión llamativa sobre la DIA es que inicialmente el director de la DGCCARN, Christian Ferrer, tenía una resolución de vacaciones aprobadas del 13 al 31 de enero de 2025. Sin embargo, llamativamente, el 27 de enero de 2025 (día de la publicación de ABC) se emitió otra resolución por la cual se suspendieron sus vacaciones. Dos días después, el 29 de enero de 2025, firmó la resolución.
Por otro lado, la DIA viralizada ayer cita en el considerando un dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica N° 66151/2025 del 28 de enero de 2025, por el cual se da por concluido el sumario administrativo instruido a Walter Ruiz Maciel, responsable del proyecto de barrio Cerrado en Ciervo Cua (San Bernardino) por presuntas infracciones a la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus decretos reglamentarios, además de la Ley N° 96/92 “De Vida Silvestre”.
Según la resolución, Ruiz debía ser amonestado y se le exigió la implementación de medidas correctivas y/o compensatorias ambientales en el predio donde está la mansión de Santiago Peña.