El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente presidido por Jaime Bestard (ANR, HC) e integrado por César Rossel (PLRA) y Jorge Bogarín González (independiente), reprogramó para el jueves 22 de mayo a las 09:00, en su sede central, la apertura de sobres en la licitación de 23.000 máquinas de votación a un costo de US$ 93 millones.
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Dicho monto será pagado durante cuatro años al grupo o empresa adjudicada. Las máquinas, cuya principal función es imprimir papeletas únicas de votación, deben usarse un mínimo de 10 años, según asesores de la Justicia Electoral.
Culmina así la serie de suspensiones contra la licitación ordenadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ente cuyo titular es Agustín Encina. Esto a raíz de numerosas denuncias de supuesto direccionamiento en favor de una sola empresa en el pliego de bases y condiciones.
En diálogo con ABC TV, Encina sostuvo que la DNCP no actuó en forma “dilatoria”, tal como dijeron desde el TSJE, la disidencia colorada y la oposición, ya que por ley están obligados a investigar las denuncias. Señaló que si la Justicia Electoral estaba tan apurada, tuvo que iniciar el proceso mucho antes que afecte su cronograma electoral.

La disidencia colorada había expresado su temor a que la licitación esté direccionada a empresas ligadas al presidente Santiago Peña, entre ellas ITTI y Technoma; o que se utilicen para ello a la coreana Miru Systems o a la firma paraguaya Tecmont SA, del titular de la UIP, Enrique Duarte, apadrinado por José Alberto Alderete, asesor presidencial y vicepresidente 3° de la ANR. De esta manera, además del millonario negocio, también tendrían el control de los resultados electorales por diez años.
Un grupo de senadores de la oposición, a último minuto, pidió suspender la licitación para que se actualice el pliego de bases y condiciones para evitar un posible ciberataque, debido al reciente ataque informático que sufrieron numerosos entes públicos. La Justicia Electoral insiste en que las máquinas no pueden ser hackeadas ya que las mismas no guardan datos, no tienen discos duros y no están conectadas a ninguna red debido a que su función principal es imprimir papeletas físicas y contar los votos para imprimir un acta de mesa “legible”.
Senado vigila desde comisión
El Senado recientemente integró una comisión especial para auditar la licitación de las máquinas de votación. Fue electo presidente del órgano Arnaldo Samaniego (ANR); como vicepresidente Óscar Salomón (ANR) y, como relator, Ever Villalba (PLRA). Los otros integrantes son: Juan Carlos “Nano” Galaverna (HC) y Dionisio Amarilla (libero-cartista); además de José Oviedo y Rubén Velázquez, ambos de Yo Creo.