La Cámara de Diputados está convocada mañana a las 9:30 a sesionar de manera extraordinaria para tratar, como único punto, el veto total del Ejecutivo al proyecto de ley establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad“, que corre riesgo de sanción ficta (en este caso aceptación automática) este domingo 25. El cartismo ya dio a entender que acompañaría el veto y por ende, enviaría al archivo este subsidio.
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“Estamos analizando presentar un nuevo proyecto de ley que abarque a las personas con discapacidad de la tercera edad, que sea de efecto inmediato y el impacto presupuestario sea muy amplio”, afirmó el vicelíder de la bancada cartista, diputado Miguel del Puerto aludiendo a una aparente “sustitución” de esta iniciativa vetada por el Ejecutivo.
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El proyecto que presentaron hoy es una especie de “placebo”, ya que solo busca alivianar la critica ya que disminuiría totalmente la población alcanzada, limitándose a a personas con discapacidad a partir de 60 años.
El proyecto vetado por Peña por su parte no discriminaba en cuestión de edad, sino que el criterio para acotar la población alcanzada establecía que se priorizaría a personas en situación de vulnerabilidad y con discapacidad severa, a ser determinada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
La iniciativa cuestionada por los cartistas establece una pensión consistente en el 25% del salario mínimo vigente (unos G. 699.577 en la actualidad). El pasado martes ya debieron estudiar este proyecto, pero aprovecharon los incidentes provocados por el diputado (aliado cartista) Jatar “Oso” Fernández para dejar sin quorum la dos convocatorias de ese día (la ordinaria y una extraordinaria, respectivamente).
“Es un tema sensible, son personas con discapacidad y conocemos las situaciones que pasan a diario, pero lo importante también es no mentirle a ese sector. Nosotros tranquilamente podemos aprobar un proyecto que se ejecute en 10 a 15 años, eso es mentirle a dicho sector. Lo importante sería implementar una proyecto de ley que se ejecute en un 100% en breve tiempo y eso es lo que estamos debatiendo en bancada”, alegó Del Puerto.
Sin embargo, eso mismo que supuestamente dijeron no querer hacer ahora ya lo hicieron con la “universalización” de la pensión para adultos mayores, que propagandísticamente presentaron como que incluiría automáticamente a todos los mayores de 65 años, sin embargo, estos van entrando a cuentagotas por la falta de presupuesto.
Se menciona que mañana los cartistas directamente ya no darían quorum, esperando que el domingo se imponga la aceptación ficta del veto.
Críticas incluso de aliados
El diputado Hugo Meza, miembro de la bancada colorada B (aliada cartista), que ya había sido duro en la sesión anterior cuando se trató el tema, llamando “pecho frio” y mentirosos a los asesores del presidente Peña por recomendarle el veto, se ratificó en que deben levantar la objeción del Ejecutivo.
“Yo me estoy ratificando como proyectista en levantar el veto y otros quieren aceptar, y hay otra corriente (cartista) que está presentando una nueva ley en relación a las personas con discapacidad pero más bien se refiere a los de la tercera edad, que es algo totalmente diferente a lo que nosotros planteamos”, dijo Meza.
El proyectista dijo que la intención de su iniciativa particular también plantea un reconocimiento a las personas con discapacidad, que no tienen una atención particular a su problemática, y cuestionó los argumentos del veto, ya que denunció que se basó en datos erróneos y sobre todo, la ley da potestad al Ejecutivo a reglamentarla para su mejor aplicación.
Según refirió, los datos que ellos manejan es que las personas con discapacidad severa a ser beneficiadas serían unas 11.000 y no 299.000 como alega el Ejecutivo, lo cual reduciría sustancialmente el presupuesto necesario. El Ejecutivo planteó que supuestamente requeriría US$ 136,7 millones para la implementación.
“Sus asesores le mintieron en tres aspectos: 1) en la cantidad de plata que alcanza casi US$ 200 millones, eso no es cierto (estiman unos US$ 8 millones); 2) en el universo al que iba a estar dirigido, la ley habla exclusivamente de los severos y que Senadis tiene totalmente mapeado que son aproximadamente 11.000 y 3) le dimos en el articulado la posibilidad de que pueda reglamentar en un plazo de 6 meses de pueda implementar de manera gradual”, detalló.
Otra parte cuestionable del veto de Peña es que alega que supuestamente ya existen otras leyes que “benefician” a las personas con discapacidad y a las que puedan acogerse.