En una sala colmada por representantes mujeres de la sociedad civil, víctimas de intento de feminicidio acompañadas por parlamentarias, concejalas, intendentas, y la viceministra del Ministerio de la Mujer, Silvia Blasco, coincidieron en que la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de la Juventud sería un retroceso al acceso de los derechos de las mujeres, que significaron años de lucha.
La abogada Alejandra Peralta, representante de la sociedad civil y especialista en Derechos Humanos afirmó que el proyecto de ley que pretende fusionar los ministerio de la Niñez, Mujer y Juventud y crear el Ministerio de la Familia atenta contra el artículo 46 de la constitución Nacional y contra las convenciones que el Estado paraguayo ratificó, afirmó.
Pidió al auditorio no caer en la inocencia de creer que esto terminará con la creación del Ministerio de la Familia. “Esto aquí empieza, después irán por los jubilados y otros grupos en situación de vulnerabilidad y va a ser de nunca acabar”, alertó la profesional del derecho.
Peralta hizo referencia al argumento de la falta de presupuesto para unificar los ministerios y dijo que, si realmente el presupuesto público es el que les preocupa, entonces “que dejen de contratar a toda su parentela, que dejen de contratar a todos los hurreros que simplemente siguen el discurso que ellos quieren escuchar”, dijo y afirmó que la corrupción es la verdadera causa de la pobreza en el Paraguay.
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También hizo mención a lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Los Derechos Humanos constituyen un límite infranqueable a la voluntad de las mayorías aún en instancias democráticas”, dijo en alusión a la decisión que llegue a asumir la aplanadora del cartismo en ambas Cámaras del Congreso.
La concejala de Asunción, Fiorella Fioresteri (PLRA) manifestó que el proyecto de ley representa un retroceso peligroso en el diseño de las políticas públicas que garantizan derechos fundamentales. “Esta maniobra pone en riesgo años de avances institucionales legales y sociales, desde la caída de la dictadura en el año 1989″, dijo.
Mencionó que el presupuesto del Ministerio de la Mujer es de apenas G. 25 mil millones, pero que del Correo Nacional es de G. 92 mil millones y del Ferrocarril el triple de lo que tiene el Ministerio de la Mujer “y ni vías de ferrocarril hay”, dijo la edil al solicitar que se retire o se rechace la norma en su totalidad. “Nuestro país no se puede permitir el lujo de retroceder, 80 mil son las mujeres atendidas en los últimos años”, mencionó.
La viceministra de la Mujer, Silvia Blasco, dijo que la fusión del ministerio de la mujer con otras instituciones dentro de una estructura genérica implicaría una regresión institucional en términos de derechos humanos, equidad de género y gobernabilidad democrática.
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“Esta medida representa una ruptura con los avances logrados por el Estado paraguayo, en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de igualdad, protección de derechos y no discriminación”, dijo
La viceministra dijo que, desde una perspectiva técnica, los impactos pueden clasificarse en cuatro dimensiones: El debilitamiento institucional y capacidades especializadas, el aumento de la desigualdad estructural y retroceso en el acceso de los derechos, asimismo, la desarticulación del rol rector de las políticas públicas de igualdad y el deterioro del posicionamiento regional e internacional del Paraguay. “Esto representa un riesgo estructural y un retroceso normativo institucional e internacional”, dijo.
Es un progreso no un retroceso, dice senadora Amarilla
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) indicó que el Ministerio de la Mujer es un progreso no un retroceso porque hay problemas diferentes y especializados. Se necesitan especialistas en los problemas de las mujer. “Acá hay una mayoría irresponsable en ambas cámaras porque las mayorías tienen la obligación de ser responsables. Las minorías podemos ser irresponsables porque no marcamos la ruta”, dijo.
Por su parte, el senador Ignacio Iramain (independiente) dijo que para los cartistas los que defienden los derechos están manipulados por extraterrestres de las ONG, que meten un chip en su cerebro para que defiendan derechos que son legítimos. ¡Pero qué simpático, ellos son los globalistas de la violencia, de la violencia permanente, nos quieren colonizar nuevamente, y están en el eterno retorno, nos quieren volver talibanes", dijo el parlamentario.
Asimismo, indicó que este proyecto es una batalla cultural que tienen que librar. “Si eso no entendemos nos vamos a perder en manos de estos ignorantes que pretenden manipular a la gente más vulnerable. Tenemos que unirnos porque solo el pueblo salva al pueblo”, manifestó.
Por su parte, Dante Leguizamón, titular de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), dijo que disolver y fusionar los ministerios no es una decisión administrativa, es un acto político que compromete los derechos fundamentales de nuestra sociedad.
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Recordó que diseñar políticas públicas con enfoque diferenciado, no es discriminatorio, sino una obligación del Estado para garantizar la igualdad real y la dignidad de todas las personas. “Eliminar estas instituciones sería retroceder en el camino hacia una sociedad mas justa, inclusiva y democrática. Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, al Congreso y a la ciudadanía a defender estos espacios institucionales y rechazar cualquier intento de debilitarlos o eliminarlos. Los derechos no se fusionan, no se eliminan, se garantizan y se defienden”, dijo Leguizamón.
Varias mujeres víctimas de intento de feminicidio dieron su testimonio en la audiencia pública. Destacaron que gracias al Ministerio de la Mujer fueron asistidas de forma gratuita. Más de 80 mujeres fueron oradoras en la audiencia pública que se extendió por más de 4 horas y servirá de base para la comisión de Equidad y Género emita un dictamen sobre el proyecto de ley que está pendiente de tratamiento en el Senado.