La esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, Patricia Corvalán, y la madre del legislador, Blanca Álvarez, se presentaron ante el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú para la sustanciación de la audiencia preliminar.
Asimismo, otros ocho acusados también afrontaron la diligencia judicial, mientras que cinco personas se presentaron, pero sin abogados, por lo cual el juez tuvo que suspender la audiencia para ellos.
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La preliminar finalmente se hizo para Patricia Corvalán (intendenta de Quyquyhó), Blanca Álvarez (madre del legislador), Manuel Olazar (exdirector de Administración y Finanzas), Damián de Jesús Galarza (cónyuge de Sylvia Samaniego Álvarez, hermana del diputado).
La lista sigue con Guido Ramón Vargas Gaete (exsecretario municipal), Líder Catalino Ramírez (concejal municipal 2010-2015), Pedro Etienne Villanueva (empresario), Benigno Villasboa (exasesor de UOC y del área de Administración y finanzas municipal) y Óscar Samuel Fanego (representante de JOB Construcciones).
Por otro lado, asistieron al llamado del juez, pero sin abogados defensores, el uniformado Cristian Daniel Domínguez (guardaespaldas del parlamentario), Carlos Aurelio Bareiro (exintendente interino de Quyquyhó) y Ruth Mercedes Medina (cónyuge de Carlos Bareiro), Andrés Alfredo Arrúa (socio de la firma BH Service SRL y amigo del parlamentario).
En tanto que, Enrique Javier Lovera (auxiliar administrativo municipal) llegó con una nueva abogada, quien solicitó la suspensión para tomar conocimiento de la causa. Para estas cinco personas, la diligencia quedó postergada.
Al respecto, el juez Otazú indicó que comunicará la conducta de los abogados que renunciaron y los que se ausentaron sin justificación a la Superintendencia de la Corte.
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Durante la audiencia preliminar, el fiscal Silvio Corbeta se ratificó en su acusación por los hechos de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
Además, se allanó a la decisión del magistrado de comunicar sobre la situación de los defensores ausentes y del pedido de postergación, al considerarla una medida meramente dilatoria (de parte de la defensa.
Salvado por sus fueros
Todos los implicados en el supuesto esquema de corrupción, ya están acusados, mientras que el diputado cartista Esteban Samaniego sigue blindado por sus fueros ante el corporativismo de sus colegas de la Cámara Baja.
En diciembre de 2023, el fiscal Silvio Corbeta imputó al diputado Samaniego y el juez Humberto Otazú comunicó a la Cámara de Diputados el acta de imputación contra uno de sus miembros ese mismo mes.
En marzo de 2024, el juez Otazú reiteró el pedido de desafuero del cartista, sin embargo, a un año del urgimiento judicial, la Cámara de Diputados, sigue blindando al parlamentario.
Mientras que, el pasado 21 de abril, la Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó el cuarto urgimiento a la Cámara de Diputados, para que se analice el pedido de desafuero.
Según la investigación fiscal, los G. 1.108 millones fueron direccionados para refaccionar una vivienda de la pareja de cartistas en Asunción en detrimento del dinero de los contribuyentes de Quyquyhó.