El diputado Adrián “Billy” Vaesken y el senador Éver Villalba (PLRA), entrevistados ayer en el programa “No tiene nombre” de ABC TV, manifestaron sus cuestionamientos a la licitación de las máquinas de votación.
“La ciudadanía no confía en las máquinas de votación; esa es la realidad”, afirma Vaesken. “Lo que pasa es que uno cuando deposita su voto, marca por el candidato de su elección, transfiere a un aparato electrónico, y ese aparato electrónico para muchos, según los datos estadísticos que tenemos, no es confiable”, señaló el diputado.
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El parlamentario sostuvo que varios técnicos advierten a la oposición que “ciertas cosas” no se tuvieron en cuenta en las medidas de ciberseguidad y transparencia del pliego de bases y condiciones de la Justicia Electoral. Sin embargo dijo que todas sus dudas están siendo recibidas por el TSJE instancia a la que llamó “El último bastión de custodio de la democracia”.
Indicó además que los opositores buscarán aumentar el presupuesto de la Justicia Electoral para incluir lectores biométricos, de huellas dactilares, para evitar el “voto calesita” los días de elecciones. “Yo no sé si eso va a ser posible, pero eso es un punto que hay que tener en cuenta”, recalcó. Genera alarmas
Los cuestionamientos de Éver Villalba
A su turno, el senador Éver Villalba (PLRA) dijo que, en la Comisión del Senado para el seguimiento de la licitación de las máquinas de votación, hay algo que les hace “saltar la alarma”.
Dijo que esto es el caso de la empresa Excelsis de Daniel Sauca, que ahora integra el consorcio Paraguay Democrático (Smartmatic, Excelsis y Celexx).
Villalba recalcó que en las últimas licitaciones de alquiler de máquinas para las elecciones 2021 y 2023, Excelsis era socia de otro actual oferente, el grupo argentino Comitia-MSA, es decir está vinculada a dos de las tres oferentes.
“Hay que controlar eso de que no represente un acuerdo entre consorcios. Decir, bueno: vos presentá este precio y yo presenté este precio”, dijo.
Finalmente, recordó que la tercera oferente es la firma coreana Miru, a la que la disidencia colorada vincula con la empresa ITTI, cercana al presidente de la República, Santiago Peña.
“Cuando las empresas a proveer están muy cercanas al gobierno, al Ejecutivo, obviamente que genera sospechas”, agregó.