El proyecto de ley, planteado originalmente en 2022 (pospandemia de covid-19), fue reflotado hace unos meses de manera sorpresiva por diputados oficialistas y, rápidamente, despertó alerta por el posible impacto sobre una de las pocas cajas superavitarias de jubilaciones: el Instituto de Previsión Social (IPS).
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La iniciativa, concretamente, propone crear un seguro de desempleo que otorgue una pensión de hasta 6 meses a personas que queden sin trabajo por cuestiones no achacables al empleado (despido injustificado).
Uno de los puntos más controversiales es la fuente de financiamiento sugerida, ya que plantea un incremento del 2% del aporte obrero patronal, llevando al descuento al salario del empleado del 10%, mientras que al empleador se le exigirá un aporte del 17.5% del salario.
Otro posible inconveniente es que incluye a las demás cajas de jubilaciones, que en su mayoría ya son actualmente deficitarias, entre ellas la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, donde los intendentes ni siquiera hacen las transferencias de sus obligaciones actuales.
Algunos gremios del sector empresarial ya expresaron su preocupación por la posible aprobación de este proyecto de ley.
También postergan “registro de pagares”
La Cámara de Diputados también decidió hoy postergar el proyecto de ley “que crea el registro nacional de pagarés y otros títulos de crédito”, en este caso por 30 días.
La iniciativa surgió como “respuesta” al caso conocido como “la mafia de los pagarés”, pero también generó controversia entre gremios del sector financiero por el temor a afectar en cuanto al acceso de créditos o incluso a empeorar la crisis.
No obstante, existen puntos de consenso, entre ellos, en lo que refiere a la implementación de un sistema totalmente digitalizado e interinstitucional para el registros de los pagares.