Senadores del bloque cartista y sus satélites no reunieron los votos suficientes para que la denuncia ante el Ministerio Público contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), sea tratada en mociones sobre tablas y se apruebe. La intención del cartismo era denunciar al jefe comunal por supuesta coacción y amenaza a los senadores cartistas Javier Zacarías Irún y a la diputada Rocío Abed de Zacarías.
El líder de la bancada cartista del Senado, Natalicio Chase (ANR, HC), dijo que llamar a una manifestación frente a las viviendas de los parlamentarios en un proceso de votación es una coacción e invitación a la violencia para influir en la decisión de “generar temor o intimidación”.
“Es un chantaje político”, indicó. Agregó que el chantaje no solo tiene un condimento económico. También es una amenaza política y social exponer a los parlamentarios a la presión pública en su domicilio privado, usando a la ciudadanía como medio de presión para que voten contra la intervención (de la Municipalidad de Ciudad del Este). Es un chantaje institucional pues se condiciona el entorno privado y la tranquilidad de los parlamentarios a su comportamiento en el Congreso”, dijo.
“¿Entonces si nosotros firmamos un pedido de que alguna Fiscalía intervenga alguna actividad, relacionada a cualquier funcionario ya estaríamos nosotros siendo presionados de esta forma para que los delincuentes organicen manifestaciones en nuestra vivienda para que podamos pedir la intervención?“, se preguntó.
Indicó que las expresiones de Prieto también se pueden considerar obstrucción de la función parlamentaria. Indicó que la independencia del Poder Legislativo es un pilar del Estado de derecho. “Los parlamentarios deben ejercer su voto sin ninguna presión, organizar una manifestación frente a su casa es una obstrucción del ejercicio libre de este cargo público interfiriendo deliberadamente con una presión la decisión que pueda tomar ese parlamentario”, agregó el senador oficialista.
El senador Ramón Retamozo (ANR), vicepresidente 1° de la Cámara, quien dijo ser de la bancada independiente, indicó que acompaña la posición del cartismo y solicitó que el Congreso Nacional tome la posta de esta situación y asuma la denuncia ante el Ministerio Público en contra de Prieto, de quien dijo está queriendo llevar por delante “amenazando en forma extorsiva, chantajista y miserable”. Solicitó al pleno acompañar la denuncia.
Por su parte, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) se preguntó si la denuncia del Senado no iba a ser una coacción. “¿Cómo se sentirían otras instituciones como Fiscalía, el Poder Judicial al existir una petición clara de parte de la Cámara de Senadores respecto a un supuesto hecho punible?“, expresó. Se preguntó si no estarían asumiendo funciones propias del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Tras perder la votación para que la intención sea tratada sobre tablas, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), acusó a Prieto de nepotismo, cuando fue este sector el que enterró la intención de castigar verdaderamente el nepotismo en la función pública.
“Este actor político (por Prieto), según nuestra ley, tiene que devolver el 50% del dinero de los ciudadanos esteños a los cuales nombró o contrató, y tiene que estar inhabilitado y puede llegar hasta cinco años la inhabilidad para ejercer una función pública y ojalá este Congreso por unanimidad ¿Por qué no? O no podemos hacer que se inste a la Fiscalía a investigar estos hechos", dijo al pedir que Soledad Núñez se pronuncie sobre el caso de nepotismo de Prieto.
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El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) cuestionó que sus colegas no hayan apoyado la denuncia y dijo que no se trata de una denuncia de un robo de un auto, sino de una cuestión de institucionalidad. “Yo no sé si o entendemos o nos hacemos de los bobos y bobas, pero esto es una cuestión institucional de amedrentamiento, es una cuestión de coacción a un organismo constitucional, a un poder del Estado de la República del Paraguay, no es un robo de auto”, dijo.
El senador Velázquez de forma vehemente dijo que el caso de Prieto es la crónica de una muerte anunciada y dijo que por la ventana están queriendo interrumpir un mandato, y negó que existan hechos de corrupción en el municipio.