Bachi pontifica sobre transparencia pero oculta deuda “presupuestada” de US$ 3 millones que tiene Paraguay con el Parlasur

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), se jacta de ser transparente, pero niega por ley de Acceso a la Información Pública el destino de una millonaria deuda de US$ 3 millones que tiene Paraguay como socio ante el Parlamento del Mercosur, además de otras irregularidades que salpican a funcionarios del Congreso Nacional. ¿Por qué el titular del Congreso se niega a responder sobre la millonaria deuda?

Basilio "Bachi" Núñez (ANR, HC), presidente de la Cámara de Senadores.
Basilio "Bachi" Núñez (ANR, HC), presidente de la Cámara de Senadores.Senado Gentileza

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), se jacta de tener la gestión más transparente frente a otros presidentes del Senado. Sin embargo, el mismo se resiste a dar información pública sobre una millonaria deuda de US$ 3 millones que arrastra nuestro país en concepto de canon como socio ante el Parlasur, pese a que el dinero, año tras año, fue presupuestado e incluido en el presupuesto del Congreso Nacional, cuyo ordenares de gastos son los presidentes del Congreso de turno.

El año pasado, la senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) llamó la atención sobre la millonaria deuda que afronta nuestro país como socio pleno ante el Parlasur y sobre algunas irregularidades que salpicaban a funcionarios del Congreso Nacional. A raíz de ese hecho, el pleno aprobó solicitar a la presidencia de Núñez que responda una serie de cuestionamientos sobre el caso.

La senadora Samaniego, en su pedido de informes, consultaba sobre el monto total destinado en el Presupuesto General de la Nación para el pago del canon al Parlasur, el sistema de pago, las rendiciones de cuentas, y cada cuánto se hacían los desembolsos.

Asimismo, quien es el apoderado y responsable de los trámites administrativos requeridos ante el Banco de la República del Uruguay. También se pedía información del porqué se designaba a un funcionario administrativo para gestiones bancarias y no como dice el clasificador presupuestario que la transferencia se haga de forma directa al organismo internacional.

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Se solicitaba a Bachi el legajo del funcionario apoderado encargado de realizar los trámites administrativos ante el banco uruguayo, por qué participaba de todos los viajes y de las reuniones, entre otros puntos. El 21 de marzo de este año, el pedido de informes que fue aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores y hasta ahora no fue respondido.

El mismo pedido de informes fue realizado por Ley de Acceso a la Información Pública, se hizo la reiteración del pedido y el senador cartista tampoco brindó los informes al respecto.

¿Qué oculta Núñez?

La senadora Samaniego había llamado la atención sobre el manejo financiero y dijo: “Tengo muchísima información documental y quiero que en lo que hace a mi representación desde el Senado se transparente todo, se justifiquen las acciones que se hizo y, en este caso ya adelanto que se van a tener que rectificar muchas cosas. Así como está, hay cosas que no están bien”, enfatizó.

La senadora Samaniego (ANR, Independiente) también había presentado un segundo pedido de informes que fue aprobado por el pleno sobre supuestas irregularidades en las rendiciones de cuentas de la delegación de Paraguay ante el Parlasur que apunta a tres funcionarios de la Cámara de Senadores, que actúan de enlace con la asamblea parlamentaria.

En el segundo pedido de informes se requería de “la rendición de cuentas de los viáticos otorgados a los funcionarios del Senado ante el Parlasur: Édgar Lugo, Omar Rodríguez y Adrián Jara.

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“Este pedido responde a la necesidad de obtener una actualización detallada sobre el uso de los fondos asignados, en razón de encontrar indicios de la mala utilización del presupuesto asignado al financiamiento de la delegación paraguaya en el Parlasur. El objetivo es asegurar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos involucrados”, señalaba la justificación del pedido de informes que fue requerido a la Contraloría, que respondió sin arrojar datos relevantes.

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