La Municipalidad de Caapucú, administrada por el cartista Gustavo Penayo ejecutó algunas obras en la playa Arena utilizando el argumento de que era una “Urgencia impostergable” y pese a que la ciudad cuenta con muchas otras necesidades se compró sombrillas, basureros, mediasombras, pérgolas y carteles.
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En cuanto a otras obras, según los datos obtenidos en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se realizaron construcción de cantina, mejoramiento del sistema eléctrico y de distribución de agua. El inversión total de la “urgencia impostergable” para la playa municipal fue de G. 263 millones y los trabajos fueron adjudicados a la firma 3V Ingeniería SA.
Hubo además remoción de tierra, nivelación de suelo, construcción de muro de contención. También se hizo instalación de alumbrados públicos con paneles solares. Sin embargo, los costos de estos fueron muy cuestionados por el concejal Rubén Pedrozo (ANR), quien en varias ocasiones solicitó informes al intendente, pero no obtuvo respuesta.
Por ejemplo por cada sombrilla se pagó G. 2.500.000, por cada basurero G. 950.000, por cada pérgola G. 4.700.000.
Por la construcción de una precaria estructura utilizada como cantina se pagó G. 14.000.000 y por el reacondicionamiento de los baños se destinó G. 35.000.000. Los costos son notablemente elevados teniendo en cuenta la calidad y la terminación chapucera de las obras.
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Ley N° 7021/2022 “De suministro y contrataciones públicas” indica que unicamente se podrá llamar a licitación “bajo la modalidad de urgencia impostergable sólo podrá ser invocada como supuesto de excepción, cuando fuere probada, concreta, objetiva e inmediata y de tal naturaleza que no pudiera esperarse el resultado de un procedimiento de contratación convencional o especial, sino con grave perjuicio a los intereses públicos".
Sin embargo, los trabajos desarrollados en la playa municipal no reunía con las condiciones de impostergables o urgentes, por lo cual se elevaron denuncias ante la DNCP, además hubo sospecha de direccionamiento, no obstante llamativamente la Contrataciones Públicas no encontró pruebas concretas de direccionamiento y a pesar de admitir que había documentación incompleta dio el visto bueno a la licitación.