La diputada y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Rocío Vallejo alertó del enorme peligro para el país que representa el proyecto de ley “que regula el comiso de bienes en armonía con el artículo 20º de la Constitución Nacional”, presentado en conjunto por el diputado cartista Yamil Esgaib y con la firma del abogado de la familia del exdiputado cartista fallecido Eulalio “Lalo” Gomes (posible beneficiado), Óscar Tuma.
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“Es muy peligroso porque beneficia solamente a las personas que están con procesos judiciales y personas cuyos bienes están en riesgo para ellos de que pase a poder del Estado porque proviene de actividades ilícitas”, comenzó advirtiendo Vallejo sobre la iniciativa.
Explicó que los proponentes, pensando bien, tienen cuando menos “error” de concepto. En realidad es muy riesgosos que el comiso solo pueda realizarse con sentencia firme, algo que beneficiaría a prófugos como Sebastián Marset o Darío Messer (preso en Brasil) y tomó como ejemplo el caso de este último, donde el Estado logró iniciar la acción mediante la figura del comiso autónomo.
“Vamos a poner el ejemplo caso Messer. Messer está prófugo y su hijo también y entonces no se puede avanzar en el proceso penal contra ellos. Sin embargo, se llevó a cabo, de acuerdo a la Ley el Código Penal y la Ley de Procedimiento de comiso (Ley Nº 6431), el comiso autónomo. Es decir, se puede instalar un proceso contra la cosa y demostrar que esas cosas provienen de un ilícito”, explicó.
Sin embargo, de promulgarse la ley que plantea Esgaib, no solo solo no se podrá aplicar el comiso autónomo a futuros procesados, sino que el Estado deberá devolver sus bienes a todos aquellos que no tengan sentencia firme, puesto que al ser más beneficiosa a favor del encausado, la ley será retroactiva.
Puede mandarnos a la lista gris de países para el lavado de dinero
Vallejo también advirtió que esto “afecta directamente a nuestra evaluación del Gafilat, porque esta Ley de procedimiento de comiso del 2020 (Nº 6431), fue elaborada dentro del marco de la evaluación del Gafilat. Es decir, se nos puede caer todo ese proceso de validación que estamos llevando adelante y realmente es un proyecto muy peligroso”.
Gracias a la Ley Nº 6431 y otras aprobadas durante el gobierno anterior, a duras penas Paraguay pasó la primera evaluación, pero sigue bajo la lupa de Gafi y bajo riesgo de ir a la lista gris.