El intendente cartista Carlos Quiñónez, quien en diciembre de 2026 culmina el periodo municipal dejado por su correligionario Gustavo Rodríguez (ANR, HC), acusado por presunta lesión de confianza, ya pagó más de G. 900 millones en el marco del proyecto “Construcción del Complejo Municipal, Deportivo y Cultural de San Pedro de Ycuamandyyú.
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La obra fue llevada a licitación mediante la “Vía de Excepción” con la excusa de que era una “urgencia impostergable” y se destinará G. 24 mil millones bajo la modalidad de pago plurianual (2024-2025), según los datos recabados de la pagina de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La obra fue adjudicada el 3 de octubre del 2024 a cinco empresas, varias de ellas son mimadas de la administración Quiñónez, pues llamativamente ganan la mayoría de los contratos desde que asumió el cargo en setiembre del 2023, para culminar el periodo municipal tras la renuncia de Gustavo Rodríguez.
Según la resolución municipal Nº378/2024 en el lote Nº1 se adjudicó la obra a Construcciones Gael, representado por Cristian Rafael Sotelo Estigarribia, por G. 6.760.884.822, en el lote Nº2 a la firma MAVR Constructora representado por Miguel Abdón Vera Rodríguez por G. 4.137.600.737.
En tanto que, en el lote Nº3, la obra fue adjudicada a la firma TRAKSCAR CPN representado por Jorge Claudio Maure Navarro, por G. 4.312.149.414, en el lote Nº 4 a la firma RD Construcciones representado por Rubén Dario Lezcano Genes por G. 4.365.825.127 y en el lote Nº 5 a la empresa AFF Construcciones representado por Ángel Javier Fernández por G. 4.423.539.890.
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Al respecto, el concejal Rodrigo Molinas (ANR) presentó durante la última sesión de la Junta Municipal sampedrana un pedido de informe sobre el avance de las obras, teniendo en cuenta que la administración Quiñónez ya desembolsó más de G. 900 millones y en el terreno solo hay movimiento de suelo.
El ambicioso proyecto que “desangrará” a los contribuyentes sampedranos G. 24 mil millones se edificará en un predio en las afueras del radio urbano, ubicado camino a Puerto’i, una zona que actualmente está inundada debido a las constantes lluvias.
En el lugar, se instaló un cartel hace unos meses atrás, que ya está destruido. Además se trabajó en la remoción y la nivelación de tierra. Actualmente se está canalizando la zona para “redireccionar” el agua, pues el terreno es un lodazal.
En la página de Contrataciones Públicas no se tienen mayores explicaciones del por qué el intendente Quiñónez presentó la obra, si bien sería un importante sitio de dispersión para los sampedranos, no presenta características de “urgencia impostergable” .
Para conocer más datos intentamos conversar con el intendente en su número de celular con terminación 064, pero no nos atendió.
Múltiples cuestionamientos
Uno de los primeros cuestionamientos ciudadanos que se hizo en el primer año de gestión de Quiñónez fue la construcción de la fuente de agua que se encuentra en la rotonda de las banderas, en la entrada de la ciudad que tuvo un costo de G. 661 millones.
El intendente cartista ordenó derribar el antiguo pórtico y destinó G. 831 millones para la construcción de un nuevo pórtico.
Asimismo, para la construcción de graderías y tinglado del polideportivo municipal en el barrio San Rafael se presupuestó G. 815 millones.
En el sitio ya pagó más de G. 300 millones, pero la obra está paralizada hace más de seis meses por que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) indicó que existe un riesgo inminente de electrocución, debido a que la estructura de metal construida “estira la electricidad” de los cables de alta tensión que están en las inmediaciones.
Denuncia paralizada
Miembros de la Contraloría Ciudadana sampedrana presentaron una denuncia por presunta lesión de confianza el pasado 6 de febrero ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público en Asunción en donde manifestaron su preocupación por la gestión municipal.
La denuncia fue derivada hasta la unidad barrial de San Pedro a cargo de fiscal Christian Bartomeu el 14 de febrero, pero hasta la fecha nada se hizo.
Los miembros de la Contraloría Ciudadana encabezada por Alcides Mendoza realizaron un urgimiento en marzo pasado, pero tampoco obtuvieron una respuesta del agente fiscal.