En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado Robert González, representante de la exsenadora opositora independiente Kattya González, reiteró su opinión de que la Corte Suprema de Justicia se encuentra ante “el caso más sencillo” de su historia en el análisis de la acción de inconstitucionalidad presentada por la exparlamentaria contra su expulsión del Senado y agregó que solo queda medir el “compromiso republicano” de la Corte.
El pasado jueves, la Corte Suprema notificó formalmente al Senado sobre la integración de la Sala Constitucional Ampliada –con nueve miembros– para analizar la acción de inconstitucionalidad planteada por la exsenadora González, quien alega que la Cámara Alta del Congreso violó su propio reglamento y las garantías procesales que le corresponden durante el proceso de pérdida de investidura que resultó en su expulsión en febrero de 2024.
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El abogado González explicó que, según la ley, la Corte tiene un plazo de 30 días hábiles desde la integración de la Sala Constitucional para pronunciarse.
“Este es el caso más sencillo en la historia de la Corte”, manifestó y señaló que el argumento presentado por la exsenadora se basa exclusivamente en cuestiones de forma, en la “violación de las reglas que el propio Senado se había dado a sí mismo para autorregularse y garantizar derechos”.
La exsenadora González argumenta que el Senado, donde tiene mayoría el oficialismo y donde ella era una de las voces más críticas del cartismo, violó varios aspectos del reglamento que regula los procesos de pérdida de investidura como no otorgarle tiempo para ejercer su defensa o autorizar su expulsión solo con una mayoría simple en vez de la mayoría de dos tercios que exigía la normativa de la Cámara Alta.
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Además, el abogado señaló “la inexistencia absoluta de las supuestas causales que le atribuyeron a Kattya”, a quien los impulsores del proceso de pérdida de investidura acusaron de supuesto uso indebido de influencias.
Medir el “compromiso republicano” de la Corte
El letrado agregó que el caso “desborda la situación personal de Kattya” y pone en juego “cuestiones de institucionalidad democrática como el respeto a las mayorías, la voluntad popular y la composición del Parlamento” y dijo que con el fallo se medirá “el compromiso republicano de la Corte”.
El abogado se refirió también a expresiones del presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez (ANR), quien insinuó la semana pasada que el cartismo no acatará un eventual fallo de la Corte que anule la pérdida de investidura de la exsenadora González.
“En el marco del control de constitucionalidad es inevitable que se instalen tensiones. Una tensión institucional es la que deriva de quién tiene la última palabra, y en nuestro modelo, le guste o no al presidente del Congreso, la última palabra constitucional es de la Corte”, señaló.
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Agregó que, si se produce un “desacato abierto” como el que insinúa el senador Núñez, constituiría un hecho punible que tendría como víctima no a la exsenadora González, sino a la propia Corte Suprema.
“Hay que ver si hacen valer el atributo de ‘Suprema’ y la independencia judicial que reivindican a boca llena”, dijo, y añadió que la Corte tiene herramientas para hacer valer su fallo, desde que sus miembros se constituyan en el Congreso para imponer su cumplimiento hasta instar al Ministerio Público a perseguir penalmente un eventual hecho punible de desacato.
“Que los actores políticos muestren la hilacha”
Sin embargo, dijo no tener expectativas de que la Corte “haga valer su majestad institucional” de esa forma debido a que la Corte “nunca enfrenta a la clase política para defender la Constitución”.
“Pero nos interesa que los actores políticos muestren la hilacha, de qué lado se acuestan, para ver si no despierta una reacción más furibunda por fuera de los poderes públicos, que la gente finalmente entienda que es inaceptable que se mantenga este estado de violación de derechos y garantías”, manifestó.
Consultado sobre la posibilidad de plantear acciones ante instancias internacionales en caso de que el fallo de la Corte Suprema no sea favorable o exista en el Senado desacato a un fallo favorable, el abogado indicó que “la intención es agotar todas las instancias” y que “ya tenemos abonado el terreno” en ese sentido.