“El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura manifiesta su solidaridad y comparte el dolor de la familia de la víctima de feminicidio, a quien el Estado debe responder con la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación del hecho de violencia”, menciona la institución en un comunicado dado a conocer este martes.
El crimen de Fernanda Benítez motivó que el diputado Rubén Rubin plantee un proyecto de Ley para que los adolescentes que cometan asesinatos sean juzgados como adultos incluso con una “cadena perpetua”.
Ante esto último, el mecanismo expresó su “preocupación” por la idea de impulsar una medida legislativa que reduzca la edad de responsabilidad penal de los adolescentes e incorporar tanto la cadena perpetua como de muerte.
“Consideramos que estas iniciativas legislativas se contraponen a la Constitución Nacional y a los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen un modelo de justicia juvenil basado en la protección especial y el acompañamiento integral”, sostienen.
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Constitución prohíbe penas crueles
Otro punto que mencionan es que la Constitución Nacional prohíbe las penas “crueles, inhumanas o degradantes”, entre las que se encuentran la cadena perpetua o pena de muerte.
“Observamos que reducir la edad de imputabilidad penal o endurecer penas no es una respuesta efectiva frente a la criminalidad. Lejos de ser líderes del crimen organizado, muchos adolescentes son víctimas de captación y explotación por parte de estas estructuras. El MNP insta a pensar en reformas integrales y estructurales y no en políticas punitivistas que no abordan las causas profundas de la problemática”, concluyen.
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