“Las alarmantes cifras de violencia, resultado del fracaso de las políticas públicas, exigen que desde los poderes del Estado abordemos el problema con responsabilidad”, señaló la senadora opositora y otrora ministra de Salud, desde sus redes sociales. El debate surge después del asesinato de la joven Fernanda Benítez.
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“Plantear a la ligera el aumento de penas es una respuesta simplista y poco efectiva, promovida por un gobierno que busca eludir su responsabilidad y desviar el debate”, aseveró.
Responsabilizó así al gobierno de turno del deterioro en derechos, eliminar ministerios, y truncar programas de educación sexual.
“¿Puede un gobierno que pretende eliminar instituciones claves, que es cómplice del deterioro del sistema de justicia y que ataca sistemáticamente los derechos fundamentales y la educación sexual integral, tener autoridad moral para presentar el endurecimiento de penas como solución?”, cuestionó la parlamentaria.
“Antes de discutir sobre las penas, deberíamos responder a estas preguntas, analizar qué estrategias han sido efectivas en otros países y, sobre todo, exigir sinceridad y resultados a quienes impulsan estas propuestas, muchas veces con el único fin de capitalizar la legítima indignación de la sociedad”, señaló.
Estudio de proyectos
La legisladora reacciona así ante el anuncio que la Cámara de Senadores analizará en su sesión del 18 de junio, el proyecto de ley que aumenta la pena carcelaria contra adolescentes de 8 a 15 años, una iniciativa impulsada por el senador cartista Javier Zacarías Irún. Senadores de la oposición afirmaron que más allá del castigo se deben implementar políticas públicas.
En paralelo, el crimen de Fernanda Benítez también motivó que el diputado Rubén Rubin (Independiente) plantee un proyecto de Ley para que los adolescentes que cometan asesinatos sean juzgados como adultos incluso con una “cadena perpetua”.