El diputado colorado cartista Alejandro Aguilera, presidente de la Comisión Especial que estudia el pedido de intervención a la comuna esteña, adelantó que este lunes el órgano consultor emitirá su dictamen. Allanada la formalidad, este documento sería analizado un día después en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para el martes 10 de junio.
Este pedido de intervención fue impulsado por el contralor general, Camilo Benítez, contra el jefe municipal y presidenciable opositor para el 2028 Miguel Prieto (Yo Creo).
Aguilera dijo en sus redes sociales que “en el espíritu de dar respuestas a la ciudadanía” y tras las audiencias realizadas, convocó a los miembros de la comisión para el lunes a las 11:00. Todo apunta a que la mayoría cartista emitiría un dictamen “a favor” y la minoría opositora otro “en contra”.
La Contraloría acusa a Prieto de presuntos gastos sin respaldo documental por G. 42.000 millones y de “abuso” de transferencias a organizaciones civiles. En cambio, Prieto acusó a Benítez de mentir y dijo tener constancia de remisión de documentación a la CGR.
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Incluso demostró que el contralor habría mentido al acusarlo de no hacer transferencias a Catastro; sin embargo, el opositor se embarró al reconocer algunos casos de presunto nepotismo, que no figuran en las causales de intervención.
Salvataje a Óscar “Nenecho” Rodríguez
Por otra parte, el diputado colorado cartista Rodrigo Gamarra, titular de la comisión que analiza el pedido de intervención a la intendencia de Asunción, convocó a los miembros del órgano para el martes a las 7:30, horas antes de la sesión de la Cámara Baja.
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El dictamen también sería apurado y presentado ante el pleno en la sesión de ese mismo martes y todo apunta a que los cartistas salvarían a su correligionario. La intervención también es solicitada por la Contraloría General de la República.
En la reunión de la Comisión se presentarían concejales capitalinos. No se aclara si los ediles son los que defienden o denuncian al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).
El contralor acusa al intendente asunceno de ocultar el destino de G. 500.000 millones de bonos desviados hacia otros fines y de documentos del estado de obras mediante el Tribunal de Cuentas.