El diputado Rubén Rubín anunció que este lunes presentará un proyecto de declaración de Emergencia de Seguridad Nacional, en respuesta a una la serie de crímenes violentos protagonizados por adolescentes, como el asesinato de un delivery en el barrio San Francisco y el presunto feminicidio de Fernanda Benítez en Coronel Oviedo.
La propuesta contempla cuatro medidas concretas:
- Juzgar a adolescentes como adultos en casos graves.
- Ampliar las penas hasta la cadena perpetua.
- Activar un plan de rehabilitación obligatoria para personas adictas privadas de libertad.
- Incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, en apoyo a la Policía Nacional
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Los argumentos de Rubín
Rubin argumentó que su iniciativa busca priorizar la protección de la ciudadanía por encima de otros principios jurídicos.
“El artículo 20 de la Constitución Nacional dice que la pena privativa de libertad tiene dos objetivos: la readaptación del condenado y la protección de la sociedad. Yo sostengo que lo segundo pisa lo primero. La protección de la sociedad está por encima de la readaptación del condenado todos los días de la semana”, afirmó.
El parlamentario aseguró que, como representante del pueblo, su deber principal es garantizar la seguridad colectiva. “El destino colectivo está por encima del destino individual. Yo que represento al pueblo paraguayo, siempre voy a poner por encima la protección de la sociedad antes que la readaptación de un condenado”, insistió.
Consultado sobre los tratados internacionales de derechos humanos que Paraguay ha suscrito, el legislador fue tajante:
“Así como firmamos voluntariamente esos convenios, también podemos salir. Si una medida pisa un convenio, tenemos derecho a salir de él. Yo puedo hacer absolutamente todo hasta que choque con la Constitución.”
Respecto a la constitucionalidad de la cadena perpetua, RRubínsostuvo que la Carta Magna no prohíbe expresamente ese tipo de pena:
“La Constitución es clara sobre el derecho a la vida, pero no es clara sobre la cadena perpetua. Los prodelincuentes interpretan la Constitución con los ojos del delincuente; yo la interpreto con los ojos del paraguayo de bien”, subrayó.
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Postura legal contraria
Por su parte, la abogada Alejandra Peralta, especialista en derechos humanos, advirtió que los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por Paraguay no pueden ser cancelados unilateralmente, según lo establece el Artículo 142 de la Constitución Nacional.
“La Constitución otorga un doble blindaje a estos tratados desde 1992, cuando salíamos de una dictadura que avasalló nuestros derechos humanos. Para salir de esos acuerdos, se requiere el mismo procedimiento que una enmienda constitucional”, explicó.