En conversación con ABC Cardinal este lunes, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) comentó sobre la propuesta planteada por el diputado Rubén Rubin de declarar una “emergencia de seguridad nacional” ante hechos de violencia protagonizados por adolescentes y endurecer las penas para infractores menores de edad.
El diputado Rubin anunció su plan luego de que se produjeran en Paraguay dos crímenes muy mediatizados que tienen como supuestos autores a adolescentes: el asesinato de un repartidor durante un asalto en el barrio San Francisco, en Asunción, y el feminicidio de una adolescente de 17 años, María Fernanda Benítez, en Coronel Oviedo.
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El plan del diputado Rubin contempla juzgar como adultos a menores de edad acusados de crímenes graves como asesinato, establecer la pena perpetua en Paraguay, activar un “plan de rehabilitación obligatoria” para personas adictas a drogas e incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna como complemento a la Policía Nacional.
Propuesta choca con la Constitución Nacional
La diputada Vallejo admitió que las penas para menores por crímenes graves son muy bajas y opinó que debería analizarse una modificación del Código de la Niñez, pero dijo que esos cambios deben ser trabajados “de manera multidisciplinaria y no con proyectos populistas”, simplemente elevando las penas.
En primer lugar, señaló que la propuesta de establecer cadena perpetua es contraria a la Constitución Nacional, que en su artículo 20 dicta que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados”, por lo que implementar condenas perpetuas requeriría modificar la Carta Magna.
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Insistió en que penas altas, por sí solas, no solucionan problemas de comportamiento en la sociedad y señaló como ejemplo las altas penas impuestas a casos de “manoseo” o abuso sexual en menores en contraste con el alto número de esos crímenes que aún se registran.
Opinó que, en paralelo a las medidas judiciales, se debe trabajar en prevención por medio de políticas de salud mental y mayores controles que deben incluir a las autoridades “que se venden para que se vendan las drogas”.