Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer firmaron el 6 de junio pasado el pedido de desestimación de la denuncia presentada por el acusado exministro del interior Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes. Según el documento, no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia de lavado de dinero, contrabando de cigarrillos, enriquecimiento ilícito y evasión impositiva y la participación del exaccionista principal de Tabacalera del Este SA (Tabesa).
Lo llamativo es que varios de los párrafos del análisis jurídico y fundamento del requerimiento de desestimación de los agentes caen en sincericidio al reconocer que la denuncia de Giuzzio presentaba evidencias de contrabando de cigarrillos. Sin embargo, lo que no pudieron es “encontrar” la conexión con los denunciados, en ese entonces Cartes y Tabesa.
“Como bien se señaló, el contrabando implica necesariamente la existencia de grupos delictivos que operen en dos países, el emisario, que remite las mercaderías desde el país de origen, y el receptor, que recibe y comercializa los productos en el país de destino. Y si bien existen evidencias sobre la existencia del hecho punible, no existe información objetiva en el marco de investigaciones judiciales que nos permita establecer un vínculo criminal entre este contrabando y las empresas paraguayas denunciadas” (sic), señala el documento.
Los fiscales, en su solicitud, hablan de un cúmulo de diligencias. No obstante, todo se limitó a recepcionar informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) –ahora DNIT– y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). A esto sumaron UN proceso abierto en 2018 por la Unidad Especializada contra el Contrabando del Ministerio Público y la respuesta a un pedido de cooperación del Brasil sobre grandes incautaciones.
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En el caso de la SET y la DNA, señalan que “no cuentan con contraliquidaciones de tributos, multas o liquidaciones manuales pendientes de pago y tampoco obran sumarios administrativos, así como tampoco se registra ficha de investigación abierta o en trámite, consecuentemente, no podríamos hablar de contrabando, puesto que no obran registros ni documentos que indiquen que productos de estas tres empresas hayan sido importados o exportados sin cumplir con ‘…las obligaciones y formalidades aduaneras, bancarias y administrativas, en general, exigidas por las leyes…’” (sic).
Con respecto a la unidad fiscal anticontrabando, se remitieron antecedentes SÓLO de la causa “FRANCISCO JAVIER PENAYO Y OTROS S/CONTRABANDO”.
“A través de esta causa se han obtenido varias documentaciones e informaciones, incluso, las realizadas por la Dirección Nacional de Aduanas, en donde los propietarios de las mercaderías incautadas (cigarrillos) han presentado facturas emitidas por los negocios en donde se adquirieron dichas mercaderías. De toda la documentación obtenida en el marco de esa investigación, no existe ningún elemento probatorio que permita inferir de manera razonable ninguna vinculación con las operaciones realizadas por la empresa TABESA, es decir, no existe información o indicio alguno que establezca un vínculo entre las mercaderías incautadas y la firma TABESA”, dicen los fiscales.
Sin embargo, en ese operativo que data de 2018 se incautaron en Saltos del Guairá más de 5.032 cigarrillos, en su mayoría producidos por Tabesa. Como consecuencia 6 personas fueron condenadas en 2021.
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Esta y otras incautaciones hicieron que la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI) presentara en octubre de 2022 un plano de puertos clandestinos sobre el río Paraná. No obstante, la Fiscalía se limitó a un solo procedimiento, pese a recibir informes sobre 18 incautaciones entre 2018 y 2023.
Bajo la mira de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos ofreció días pasados una recompensa de US$ 10 millones por informaciones sobre la posible actividad de miembros de Hezbolá en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. En el anunció citó que las redes financieras de Hezbolá en Sudamérica, especialmente en la Triple Frontera, han generado ingresos mediante el blanqueo de capitales, el tráfico de estupefacientes y el contrabando de cigarrillos y carbón.