La Cámara de Diputados decidió aplazar por una semana más (hasta el martes 24 próximo) el proyecto de ley “que modifica los artículos 6 (inviolabilidad de la defensa), 136 (desestimación) y 305 (duración máxima del procedimiento) de la Ley 1286/98 Código Procesal Penal”, también denominado de “blanqueo exprés”.
Lea más: Diputados define si mantiene vivo el peligroso plan de “blanqueo exprés”
Esto fue a pedido del vicelíder de bancada de Honor Colorado, Miguel del Puerto, quien alegó que el proyectista, su colega cartista Derlis Rodríguez, se encontraba de viaje y fue secundado por el también cartista José Rodríguez.
El proyecto cuenta con sanción ficta el próximo miércoles 25, que, de darse, en este caso implicará el archivamiento, es decir, aceptación automática del rechazo unánime que tuvo en Senado.
Lea más: Patoteando y atropellando, cartistas aprueban proyecto para “impunidad exprés”
La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) planteó archivar ya hoy la iniciativa, pero atendiendo a que posiblemente se dé el próximo martes, se allanó a la postergación.
Vallejo fue una de las principales que, desde un inicio, advirtió el enorme riesgo de blanqueo masivo de criminales, sobre todo vinculados a delitos pesados como el crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, ya que la iniciativa plantea obligar al Ministerio Público a presentar imputación en plazo máximo de 90 días (tres meses), de lo contrario, debe establecer la desestimación de la denuncia contra un investigado.
El otro aspecto sumamente peligroso de este proyecto de ley es que tendrá aplicación retroactiva, ya que el artículo 14 de la Constitución establece como excepción a la irretroactividad de la ley, siempre que la nueva norma sea favorable al encausado y condenado.

Con este proyecto de ley, por ejemplo, deberán archivarse definitivamente casos como el del asesinato del fiscal paraguayo en Colombia, Marcelo Pecci, que lleva más de tres años de “investigación” sin tener datos del instigador (mandante) del magnicidio, entre otros tantos.
De hecho, el proyecto fue rechazado de manera unánime en Senado ante este riesgo enorme de “impunidad masiva”, que también fue advertida en diversas audiencias públicas por gremios de magistrados, fiscales y abogados privados.
Lo peligroso con la postergación es que, en realidad, da una última chance al cartismo de insistir con él para su sanción, ya que, con el rechazo en el Senado, necesitan solo mayoría absoluta (41 votos), mientras que de lograrse la ratificación, el Senado necesitará de mayoría absoluta de dos tercios (30 votos) para dejar firme su rechazo, de lo contrario pasará para la promulgación o veto del Poder Ejecutivo.