Los ediles colorados Marcelo Flecha, Hugo Aguilera, Néstor Cantero, Óscar Montanía y Carlos Cantero, en marzo pasado, realizaron una nueva denuncia contra la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) por enriquecimiento ilícito y administración en provecho propio.
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Para dar seguimiento a dicha denuncia, el pasado martes una comitiva fiscal se constituyó en la sede de la Municipalidad de Valenzuela y se alzó con algunos documentos municipales. El procedimiento del Ministerio Público estuvo encabezado por los fiscales Betti Brítez de la Fiscalía Zonal de Piribebuy y el fiscal Anticorrupción Néstor Coronel.
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La comitiva fiscal verificó documentaciones municipales que hacen al periodo 2021-2024.
Según explicó el concejal Néstor Cantero (ANR), la comitiva fiscal solicitó algunos documentos a la Intendencia y también a los ediles denunciantes para poder continuar con su investigación.
En marzo pasado, también la Junta Municipal volvió a solicitar la intervención de la gestión de Mirtha Fernández, pero el pedido quedó estancado en el despacho del ministro del Interior Enrique Riera.
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La jefa comunal ya había sido salvada en el 2023 de la intervención gracias a un pacto de impunidad en la Cámara de Diputados, que salvó también a los intendentes cartistas Hilario Adorno, de Puerto Casado, quien recientemente fue condenado por lesión de confianza, y Tomás Olmedo de Ñemby, cuya Junta Municipal también solicitó nuevamente el pedido de intervención.
Chicanea para evitar juicio
Mirtha Fernández está acusada por lesión de confianza y asociación criminal junto con otras 13 personas, quienes se turnan para chicanear y evitar la audiencia preliminar hace más de dos años.

Los acusados, además de la intendenta, son Cristhian Flecha Fernández, tesorero de la Municipalidad de Valenzuela; Arq. María Luz Balbuena Villalba, funcionaria de la Cámara de Diputados; Elvis Ramón Balbuena López, fiscalizador de obras; y Simón Candia Rolón, representante legal de la empresa Marías Group SA.
Asimismo, están acusados Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado; Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal (hermano del tesorero); Adolfo Mendoza Álvarez y Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratistas; Dora Villagra Patiño, secretaria general de la Municipalidad de Valenzuela; Verónica Acosta Cantero y Francisca Espínola, secretarias del municipio.
Estas personas supuestamente estarían implicadas en una red creada entre empresas constructoras y funcionarios municipales para desfalcar a la comuna de Valenzuela G. 1.199 millones, proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties durante el año 2019. Los hechos se habrían producido durante el anterior periodo municipal de Mirtha Fernández.