Mediante un comunicado a la opinión pública, el viernes de noche, se dio a conocer la decisión de la ministra de Salud, María Teresa Barán, de disponer la finalización de todos los convenios con asociaciones y entidades, que habilitan descuentos automáticos del salario de funcionarios nombrados y contratados, para el pago de préstamos y compras a crédito. Esto, tras reunirse con la comisión que analiza la “mafia de los pagarés”.
La ministra se reunió el jueves último con los miembros de la comisión del Senado y reveló que 2.700 funcionarios enfrentan procesos judiciales: 930 por prestación alimentaria y 1.770 por embargos salariales.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), presidente de la comisión que investiga la monumental estafa de los pagarés, calificó de “gran paso” de Salud de decidir suspender los descuentos automáticos irregulares de los salarios de funcionarios.
Mencionó que durante la sesión de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés realizada el jueves con la ministra Barán se expuso los riesgos de los descuentos automáticos sin control, sin verificación de montos, intereses ni cantidad de cuotas.
“Compartimos las irregularidades detectadas por el equipo técnico de estos esquemas que terminan convirtiéndose en descuentos eternos para las víctimas, quienes luego incluso son llevadas a juicios de cobro de guaraníes y sufren múltiples embargos”, mencionó.
Indicó que por esta situación insistieron en la necesidad de que el Ministerio de Salud implemente un mecanismo que permita al funcionario solicitar el cese de descuentos automáticos. “Cada funcionario debe tener el derecho de elegir cómo honrar sus deudas legítimas”, manifestó.