En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, comentó sobre el estado actual de la licitación para la compra de máquinas de votación para el Tribunal Superior de Justicia Electoral por 93 millones de dólares, un proceso controvertido cuya continuidad está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los ministros Luis Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, tiene a su cargo analizar una medida cautelar impulsada contra el proceso por la empresa de software Bypar S.A., que ha paralizado el curso de la licitación cuando falta menos de un año para la realización de las elecciones internas partidarias previas a los comicios municipales de octubre de 2026.
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Bypar –que no figura entre las tres empresas postulantes al contrato– se opone a que el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación exija a las empresas participantes un mínimo de 10 años de experiencia en su rubro. La Sala Penal de la Corte Suprema debe decidir si hace lugar o rechaza la medida presentada por esa firma.
Apelación de Contrataciones
Encina cuestionó la “legitimidad” de Bypar para plantear una demanda o medida cautelar y comentó que la DNCP ya presentó una apelación al recurso de la empresa, con el argumento de que la aprobación de la medida cautelar por parte del Tribunal de Cuentas (Segunda Sala) vulneró algunos aspectos legales.
Afirmó que la medida cautelar fue otorgada cuando aún estaba en curso un análisis de un recurso de consideración presentado por Bypar, algo contrario a la ley que establece que “uno no puede ir al Tribunal de Cuentas hasta que se agote esa instancia administrativa”.
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“La empresa no podría haber presentado una demanda contenciosa administrativa (ante el Tribunal de Cuentas) sin que antes la DNCP se haya expedido”, dijo.
Además, afirmó que, desde el punto de vista de la DNCP, la “contracautela” de 200 millones de guaraníes presentada por Bypar no es suficiente para “parar un proyecto de casi 100 millones de dólares”.
Un tema “bastante fácil” para la Corte
Encina negó que haya existido una vulneración del principio de la competencia en el proceso licitatorio y señaló que la medida cautelar fue otorgada luego de la apertura de los sobres de ofertas de las tres empresas postulantes a la licitación.
El director de Contrataciones Públicas dijo confiar en que la Corte Suprema actuará con “velocidad” para decidir sobre el caso y agregó que “este es un caso de interés general y la Constitución Nacional establece que el interés general está por encima de cualquier interés particular”.
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“No creo que la Corte Suprema de Justicia ralentice este proceso electoral tomándose un tiempo demasiado largo para emitir una resolución”, añadió. “Este tema es bastante fácil para la Corte, rápidamente puede ser resuelto, no hay nada complicado qué dirimir”.