En conversación con ABC Color este lunes, el diputado Mauricio Espínola (ANR) acusó al Poder Ejecutivo de “violar la confianza en el proceso legislativo” por introducir a último momento una modificación en el proyecto de ley del “sistema nacional de pagos” que, según dijo sospechar, tendría como objetivo beneficiar a socios económicos del presidente Santiago Peña.
La Cámara de Diputados tiene previsto tratar en su próxima sesión ordinaria mañana, martes, el proyecto de ley que crea el sistema nacional de pagos para regular sistemas financieros en línea, transferencias bancarias, terminales de puntos de cobro de tarjetas y pagos por QR.
Si bien existe consenso sobre la necesidad de un sistema de pagos como el que la ley propone, legisladores opositores y colorados disidentes acusan al Poder Ejecutivo de introducir “de contrabando” modificaciones en el último borrador presentado al Banco Central del Paraguay (BCP).
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Concretamente, se trata de dos párrafos añadidos al artículo 4 del proyecto, que plantea impedir que una misma persona física o jurídica cumpla más de un rol en el sistema, ya sea como entidad bancaria, procesador (emisor de tarjetas) o adquiriente (proveedor del POS o cajero automático). Se trata de alteraciones al proyecto que, según denuncian sectores opuestos al oficialismo, apuntan a beneficiar al banco Ueno.
¿Quién decidió la modificación?
El diputado Espínola opinó que la situación pone en duda la “credibilidad e institucionalidad” del BCP y señaló el peligro de que la Cámara de Diputados sea utilizada como “herramienta para beneficiar a un grupo empresarial amigo” del Poder Ejecutivo al aprobar un proyecto de ley con esas modificaciones.
Dijo que debe quedar claro quién “tuvo la pelota por última vez” en el Poder Ejecutivo e introdujo los párrafos cuestionados: el presidente Peña, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, o el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto “Ilo” Moreno, quien -según señaló el diputado- “es cuñado del titular de uno de los bancos allegados al Presidente”.
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“Lastimosamente, se ha dilapidado la ley de conflicto de intereses; si no, estaríamos incurriendo en un claro ejemplo de conflicto de intereses”, argumentó.
El legislador colorado comentó que, al plantearse un cuestionamiento sobre la modificación a representantes del BCP, estos “tiraron la pelota” al Ministerio de Economía.
Reacciones desde el sector financiero
El proyecto de ley, en su versión modificada actual, también ha sido criticado por entidades financieras como la procesadora de tarjetas Bancard, que emitió la semana pasada un comunicado indicando que lo adicionado por el Ejecutivo al texto del proyecto otorgaría al BCP “facultades excesivamente amplias y de redacción ambigua”.
Advirtieron que, en su forma actual, el proyecto de ley podría acarrear “graves consecuencias” para todo el sistema financiero y sus usuarios, generando inseguridad jurídica y desalentando inversiones.
Por su parte, la Cámara Paraguaya Fintec, que aglutina a empresas financieras que operan principalmente de forma digital y es presidida por un exsocio comercial del presidente Peña, manifestó su total respaldo al proyecto de ley.