A mediados de diciembre del año pasado la Fiscalía y el departamento Antisecuestro de la Policía Nacional habían realizado un gran operativo para desarticular una supuesta red que habría estafado unos US$ 1,6 millones a colonos menonitas del departamento de San Pedro, y entre los detenidos estaba el entonces director de la Cámara Baja, Willian Roberto Bogarín Campuzano.
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El funcionario, junto con otros dos procesados, había sido imputado por estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal y se decretó su prisión preventiva, medida que luego fue levantada.
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Según se informó, Bogarín Campuzano fue beneficiado por la Fiscalía con el sobreseimiento provisional y ya retornó a la Cámara de Diputados con un millonario salario y fue reasignado a nueva oficina.
Bogarín ya había sido apartado de la dirección de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional, donde también es funcionaria su pareja, Zaida Fabiola Arévalos Sequeira, habiendo sido finalmente reasignado a la oficina de la diputada cartista Jazmín Narváez.
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Según la planilla oficial de la Cámara de Diputados, Bogarín Campuzano sigue cobrando mensualmente G. 19.300.000.
Su retorno campante se ve facilitado por el hecho de ser funcionario nombrado, y al no tener más las restricciones como una medida de prisión preventiva, la única manera de echarlo es mediante sumario o eventualmente una condena firme.
Bogarín fue denunciado junto con José Francisco Ljubetic Arréllaga e Ilsa Marisela Paredes, de supuestamente haber despojado de unos US$ 1,6 millones a los colonos Bernardo, Herman y David Friesen Neufeld a cambio de supuestamente adjudicarles –mediante contactos en el Indert– 8.000 hectáreas en la Colonia Ñande Mba’e del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Además de la causa penal, Bogarín Campuzano también acumuló otra serie de posibles faltas administrativas, entre ellas, la de haber escrito en su Declaración Jurada de Bienes que ejerce de manera “particular” como abogado, algo vedado por su condición de funcionario público, siendo las únicas excepciones a esa prohibición la docencia y la investigación a tiempo parcial.
Burocracia favorece incluso a condenado
El caso de Bogarín Campuzano no es el único a quien la burocracia favorece, ya que por ejemplo sigue como funcionario de la Cámara de Diputados Miguel Ángel Robles Ibarra, condenado y preso por corrupción junto al exgobernador cartista de Central Hugo Javier González Alegre.
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En el caso de Robles, aunque está suspendido sin goce de sueldo, recientemente fue salvado en un sumario de ser sacado de la Cámara Baja.
El juez instructor del sumario, José Ocampos Alonzo, rechazó el pedido de Diputados de echar al funcionario y le impuso apenas como “castigó” una suspensión sin goce de sueldo por 30 días que de hecho ya está vigente de manera indefinida por estar preso en Tacumbú.
Tras la resolución de dicho sumario, Robles seguiría figurando como funcionario, a menos que quede firme la condena por desvío de unos G. 5.105.600.000 de los que se lo acusó junto con Hugo Javier.
Con constante respaldo político
Willian Bogarín Campuzano ha logrado mantenerse bien ubicado a lo largo de varias administraciones en Cámara de Diputados. En el anterior periodo legislativo (2018-2023) durante la presidencia del exdiputado Miguel Cuevas había sido designado coordinador general.
Posteriormente, en la presidencia del liberal Carlos María López fue designado director de Asesoría Jurídica, y luego, ya en este periodo, cuando asumió el actual presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, lo designó director de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional.