La denuncia, impulsada por el activista social, Esequiel Cáceres, y los concejales municipales colorados, Luis Andrés Rolón Samaniego y Mary Elizabeth Soilán de López, solicita la investigación de posibles hechos punibles como: apropiación, estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y enriquecimiento ilícito.
Los denunciantes afirman que, en algunas obras e inversiones realizadas por la comuna, no se habrían cumplido los procedimientos legales establecidos para los llamados a licitación, y que, supuestamente, tampoco se habrían comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Además, mencionan la existencia de “obras fantasmas”, al registrarse millonarias inversiones en la reparación de caminos y la compra de camiones volquetes.
Uno de los hechos más llamativos, según la denuncia, es la contratación del grupo musical argentino “La Mosca” para una fiesta de la juventud en 2024.
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El contrato, firmado con Hugo A. Gaona Portillo, fue por USD 60.000 (equivalentes a G. 468 millones) e incluía la obligación de la Municipalidad de asumir los costos de escenario, luces y sonido. Todo esto habría sido financiado con fondos municipales provenientes de royalties, lo cual no está permitido legalmente.
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También se transfirieron G. 228 millones a una supuesta Comisión de Apoyo a la Cultura y el Espectáculo Público, cuya legitimidad es puesta en duda por los denunciantes, quienes sospechan que sus integrantes estarían vinculados políticamente con la administración municipal.
Denunciantes dudan de millonaria inversión
La denuncia ante el Ministerio Público refiere que la ejecutiva comunal habría emitido, durante el ejercicio fiscal 2024, cheques por valor de G. 520 millones para pagos varios, según un extracto bancario correspondiente a la cuenta municipal del Banco Nacional de Fomento (BNF).
También figura las presuntas sobrefacturaciones, y se menciona la contratación directa y sin los debidos procedimientos legales de la empresa RM Metalúrgica Construcciones, representada por Rufo Gabriel Marín Passerini, para una supuesta remodelación del edificio municipal por un monto de G. 256 millones.
Entre otros pagos injustificados figuran: G. 70 millones por ambientación en las inmediaciones de la Municipalidad local; la compra de un paquete de software por G. 145 millones, sin respaldo técnico que justifique su utilidad o necesidad; y la adquisición de un camión tumba a nombre de Francisco Díaz de Vivar Cabañas por G. 420 millones, en condiciones poco claras.
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Además, se detectó el descuento de G. 132 millones del salario de funcionarios municipales en concepto de aportes jubilatorios, sin que estos fondos hayan sido transferidos ni a la Caja de Jubilaciones ni a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
Se señala también el pago de G. 798 millones por obras de reparación y mantenimiento de caminos y canalizaciones, pese a que la Municipalidad cuenta con equipos propios para realizar dichas tareas y no se observa las mejoras realizadas, lo que hace presumir una posible sobrefacturación.
Finalmente, el extracto bancario de la cuenta de la Municipalidad en el Banco Nacional de Fomento revela pagos por más de G. 597 millones, sin que conste el concepto o destino de esos fondos, lo cual también será objeto de investigación fiscal.
Hasta el momento, la intendenta Servín no ha brindado declaraciones sobre estas acusaciones. Se intentó conocer su versión, pero se negó a realizar declaraciones a la prensa.