En un acto celebrado en la sala de sesiones del Senado, el martes pasado, rodeado de su clan familiar que nos cuesta G. 2.198 millones y algunos legisladores, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez hizo su rendición de cuentas en tono triunfalista, aunque cargada de contradicciones.
Antes del acto, agasajó a senadores de la Mesa Directiva con un desayuno informal. El año pasado había asumido con mayor pompa, e incluso se rumoreó que convenció al presidente Santiago Peña para presentar su informe a la noche para no opacarlo. Pero desde el Ejecutivo argumentaron que fue para garantizar una “mayor difusión”.
Bachi completó su primer año al frente del Congreso, pero no cedió la presidencia como indicaba el acuerdo inicial con el senador Derlis Maidana, también del cartismo. Mediante una maniobra legislativa, modificó el reglamento interno con apoyo de cartistas, liberocartistas y aliados, extendiendo su mandato hasta junio de 2027.
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“Este periodo se caracterizó por una alta productividad parlamentaria con énfasis en el marco normativo para ampliar derechos ciudadanos, mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables y reforzar el funcionamiento transparente y eficiente de la administración pública”, afirmó Núñez.
Lo que no mencionó es que los senadores se aprobaron un aumento salarial y reimplantaron privilegios como los viajes en primera clase. También reintrodujeron un subsidio para salvar la jubilación VIP de los legisladores.
En cuanto a transparencia, su gestión aún no ha esclarecido el destino de los US$ 3 millones que Paraguay aporta como miembro del Parlamento del Mercosur, mientras persisten denuncias sobre irregularidades administrativas en la Cámara Alta sobre dichos fondos.
Su sector también impulsó la eliminación de la ley de inscripción automática de paraguayos en el exterior, lo que dejará fuera del padrón electoral a cerca de 580.000 ciudadanos, principalmente jóvenes y personas de sectores vulnerables, desde enero de 2025. A esto se suma la ley que prohíbe a las concertaciones el uso del padrón nacional en sus internas, ambas medidas denunciadas por la oposición ante organismos internacionales como parte del deterioro democrático promovido por el cartismo, el grupo político que respalda al presidente Peña.
Núñez sostuvo que, junto al senador Silvio “Beto” Ovelar, iniciaron un proceso de mayor acceso ciudadano y transparencia, alegando que por primera vez se transmiten públicamente las reuniones de la Mesa Directiva. Sin embargo, estas transmisiones solo se extienden hasta la lectura del orden del día. Los debates reales y las decisiones de fondo se realizan a puertas cerradas, por orden del propio presidente del Senado.
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Durante el acto, varios senadores del cartismo e incluso de la oposición elogiaron a Núñez, aunque algunos insistieron en que la crítica política debe continuar. La senadora Esperanza Martínez (FG) manifestó su preocupación por la postura del titular del Senado, quien habría adelantado que no acatará una eventual sentencia de la Corte Suprema si esta ordena la restitución de Kattya González (independiente, ex Partido Encuentro Nacional) a su banca.