De Tacumbú al Congreso: cómplice de Hugo Javier volvería a cobrar en Diputados

Sin escalas, Miguel Angel Robles Ibarra, condenado como cómplice del desfalco de unos G. 5.105 millones junto al el exgobernador cartista de Central Hugo Javier González, de forma inminente pasaría, de estar preso en el Penal de Tacumbú a volver a cobrar un millonario salario como “asesor” en la Cámara de Diputados.

Hugo Javier González junto a Miguel Ángel Robles ingresando a Tacumbú en enero pasado.
Hugo Javier González junto a Miguel Ángel Robles ingresando a Tacumbú en enero pasado.CARLOS ORTEGA

El funcionario de la Cámara de Diputados (suspendido) Miguel Ángel Robles Ibarra fue denominado por el Tribunal que lo condenó como el “cerebro” del esquema delictivo que desvió unos G. 5.105.600.000 en la administración del “Nº 2″, Hugo Javier González (ANR, HC) al frente de la Gobernación de Central en plena pandemia de Covid-19, por lo que fue preso en el Penal de Tacumbú, de donde saldría ahora gracias a la libertad ambulatoria con que fue beneficiado junto al expolítico y exanimador.

Gracias a esta medida, que le permite andar a sus anchas, siempre que no salga del país, es inminente que este pueda retornar a la Cámara de Diputados para solicitar el levantamiento de sus suspensión y volver a cobrar su salario como “asesor” que, de hecho, cobró hasta diciembre del año pasado.

Estando preso desde el 6 de enero de este año, pese al pedido de la propia Cámara de Diputados, Robles fue salvado de su destitución tras un sumario culminado el 7 de mayo pasado, donde el juez instructor José Ocampos Alonzo le impuso apenas una “suspensión sin goce de sueldo por 30 días”, que en realidad no tuvo ningún efecto, ya que esa misma medida estaba vigente desde el momento que entró a prisión.

Sumario al “cómplice” de Hugo Javier González

El sumario fue por ausencias injustificadas, ya que por el hecho de la condena no podría ser sumariado al no estar la condena firme. El juez instructor alegó que las ausencias “eran su primera falta” y no ameritaban echarlo. La Ley de la Función Pública no establece el estar preso como un motivo de permiso justificado.

alejandro.acosta <alejandro.acosta@abc.com.py>
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Fecha	06-01-2025 14:52
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Es decir, el único efecto práctico de dicha resolución fue rechazar el pedido de destitución, y por ende, dejarle el camino allanado para la situación actual, que pueda pedir su restitución y por ende cobrar los G. 11.000.000 mensuales que tiene asignado.

Administrativamente, la Cámara de Diputados tampoco tiene muchas alternativas para negarle la restitución y, para colmo, deberá buscar a qué dependencia asignarlo o dejarlo en el “freezer”, sin afectar su millonario salario.

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