“Vamos a ir a fondo contra todo el esquema mafioso en este tema”, aseguró el intendente de Rosario (Argentina), Pablo Javkin, en diálogo con el medio periodístico de ese país Infobae. El artículo señala que el jefe municipal fue enfático al declarar: “tienen vínculos con el narcotráfico” (sic).
Esto, haciendo referencia a los dueños de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, entre ellos los hermanos Ariel, Damián y Diego García Furfaro. Las empresas fueron inhabilitadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) luego de confirmarse la muerte de 53 personas en el vecino país por la producción de fentanilo contaminado.
El jefe municipal igualmente solicitó que sean investigados posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal, un aspecto ya en manos del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y del Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, encabezada por Martín Verrier.
La publicación periodística indica que en el caso también interviene la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, la ANMAT y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El intendente Javkin indicó que la Justicia ya comprobó que solo “dos laboratorios contaban con habilitación para importar fentanilo” y que la operación creció durante la pandemia de covid-19 y luego se mantuvo elevada. Alertó sobre la posibilidad de que se hayan producido desvíos al mercado ilegal y remarcó que hay conexiones entre los laboratorios y personas vinculadas al tráfico de drogas.
Como querellante
Infobae dice que luego de esas declaraciones, el juez Kreplak citó a Javkin como testigo y la Municipalidad de Rosario presentó formalmente su pedido para actuar como querellante en la causa. “Quiero ser algo más que un testigo. Rosario es víctima de esta mafia con vínculos narcos y no vamos a parar hasta desenmascarar a cada una de estas personas”, afirmó Javkin al citado medio informativo.
El artículo, asimismo, transcribe el escrito de 18 páginas presentado por la Municipalidad de Rosario, en el cual sostiene que el caso provocó “un grave daño a la salud pública” y expone la afectación directa sufrida por el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se utilizaron ampollas de fentanilo adulterado. Además del perjuicio a la salud, señala que se generaron riesgos sanatoriales locales y se afectó el patrimonio municipal, lo que motivó medidas extraordinarias para retirar y custodiar los lotes contaminados.
El texto detalla vinculación de directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma con antecedentes judiciales previos. Entre ellos, Ariel García Furfaro, Jorge Salinas, Damián García, Marcela Vozza, Jorge Gómez y Marcelo Ferré, quienes estuvieron implicados en la explosión del laboratorio Apolo en Rosario en 2016, por la que fueron imputados por estrago culposo agravado y lesiones graves, pero evitaron el juicio penal a través de salidas alternativas.
El escrito también indica que Jorge Salinas fue investigado en la causa de la efedrina por su vínculo con Mario Segovia, considerado “el Rey de la Efedrina”. Casualmente, en ese proceso Ariel García Furfaro apareció como defensor, señala Infobae.
Javkin afirmó que existe una “continuidad estructural, comercial y operativa” entre el laboratorio Apolo y las firmas actualmente investigadas, dado que varios de los implicados siguen integrando los órganos societarios, con habilitación oficial para producir y suministrar medicamentos a establecimientos sanitarios públicos, entre ellos el HECA. A juicio de la Municipalidad de Rosario –según Infobae–, esta situación revela tanto la vinculación entre las causas como la falta de eficacia en la respuesta judicial y administrativa anterior, que no impuso sanciones ni restricciones capaces de evitar la reiteración de conductas riesgosas en el ámbito farmacéutico.
Como autoridad responsable de la salud pública, la Intendencia sostiene que su intervención como querellante está plenamente justificada, tanto por su interés directo como por su capacidad para aportar experiencia en el tratamiento de estos hechos y contribuir al esclarecimiento de las estructuras responsables de daños masivos a la salud y la seguridad, refiere Infobae.
Según los antecedentes, el juez Kreplak debe resolver ahora la aceptación de Rosario como parte querellante, mientras otras partes como la provincia de Santa Fe, el Hospital Italiano de La Plata y el Ministerio de Salud Nacional a cargo de Mario Lugones, también participan en el expediente.
El juez ya ordenó la inhibición de bienes y prohibición de salida del país a empresas y personas vinculadas al clan García Furfaro, así como la inhabilitación comercial de sus firmas asociadas. Sebastián Chale, secretario de Gobierno, explicó que la droga se adquirió mediante licitación pública a un laboratorio supuestamente controlado por la ANMAT y distribuido por una droguería, sin contacto directo con el fabricante. El producto fue utilizado exclusivamente en el HECA y, tras la alerta de ANMAT, se retiraron de inmediato todos los lotes en circulación y se devolvieron cerca de 300 dosis restantes cuando se dispuso su retiro definitivo en abril último.
Los negocios en nuestro país
El escándalo del fentanilo mortal en Argentina tuvo su repercusión en territorio paraguayo luego de conocerse el negocio previsto por los dueños de HLB Pharma y Ramallo SA. El diario La Nación de Argentina había publicado que Ariel García Furfaro pretendía montar un laboratorio en Ciudad del Este (Alto Paraná).
Según esa información, García Furfaro disfrutaba en nuestro país de una aparente protección política, citando al expresidente Horacio Cartes. Para reforzar esta hipótesis se adjuntó una fotografía de García Furfaro con Cartes, captada en noviembre de 2023 aparentemente en la residencia del exmandatario.
El Complejo Empresarial Global (señalado como el lugar donde estaría el laboratorio) emitió un comunicado en el cual desconocía la presencia de HLB Pharma y Ramallo. No obstante, confirmó que en el sitio llegaron equipamientos de propiedad de Alfarma SRL, también de los García Furfaro.
Global agregó que dichas máquinas estaban consignadas a la compañía Juno SA, que casualmente tuvo como accionista al senador cartista y propuesto para embajador en EE.UU, Gustavo Leite.
Leite –cuya designación confirmaría hoy el Senado– buscó apartarse del caso. Sin embargo, quedó más embarrado al detallar que tuvo una participación fugaz en la empresa, que coincidió con el ingreso de los primeros equipos para lo que iba a ser el laboratorio de los García Furfaro.
En territorio argentino incluso ya señalaron que Leite habría sido el camino para que García Furfaro llegue a Cartes.