A pedido del senador liberal Éver Villalba, el pleno del Senado también resolvió ayer remitir al Ministerio Público el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero y Delitos Conexos, más conocida como comisión “garrote” del cartismo.
Sin embargo, el legislador lanzó duros cuestionamientos al órgano. Sostuvo que el mismo fue innecesario para perseguir la libertad de asociación y que su objetivo oculto siempre fue ver qué hay “detrás” de las ONG y las donaciones de organismos internacionales críticos al gobierno de turno.
Subrayó que el citado informe, “cuando trata de cuestiones financieras, hablan solamente de un banco, pero me hubiese gustado ver en este informe también de dónde saca tanta plata un banco ligado al poder para hacer una campaña tan agresiva”, señaló.
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También se cuestionó que nadie investiga cómo este banco puede “darle a cualquier poha vendeha (vendedor de remedios naturales) tarjeta y financiar con dos millones de dólares la venida de Shakira para “privatizar” el show y prohibir prácticamente a cualquiera que no sea su cliente de poder comprar una entrada. Monopolio”, sostuvo.
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Señaló que coincide con la CBI en que el Banco Central del Paraguay, la Superintendencia de Bancos, la Seprelad y la misma Contraloría General de la República deben intensificar su trabajo, pero aclaró que esto debe hacerse en todo el sistema financiero.
Fiscalía no actúa en caso “Lalo” Gomes
Subrayó que la propia Fiscalía admite que de 369 causas sobre lavado, 107 prescribieron y que no hay claridad con el caso del asesinato del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), acontecido el 19 de agosto de 2024. Agregó que no le sorprende ya que la Fiscalía tampoco avanzó nunca en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022.
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Apuntó que si la CBI considera que la DNIT y otros organismos son cómplices, esto solo ratifica que “estamos en un Estado de mafia, donde la mafia opera desde los organismos del Estado para contrabando de armas y proteger el narcotráfico”.
Sobre la Justicia Electoral, que presente una propuesta seria sobre cómo tener una trazabilidad del uso del dinero del crimen organizado en la política.