El proyecto busca eliminar los cobros compulsivos que realiza la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), una “oenegé” amiga del cartismo, que cobra millones anualmente sin control de gasto alguno por supuestas gestiones en todas las municipalidades del país.
Sin importar de qué municipio sea, al ciudadano se le cobran “tasas” por la renovación o expedición de nuevas licencias de conducir, así como un canon por transferencias de inmuebles o hipotecas.
Lo peor es que pese a ser dinero público el que reciben, al ser una ONG, esta no está obligada a rendir cuentas sobre los millones que recibe.
El proyecto presentado por el diputado opositor Miguel Martínez (PLRA, independiente) fue presentado a inicios de este mes y aún no cuenta con dictamen, lo que ya es un indicio del desinterés de la mayoría cartista en hacer correr esta iniciativa.
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Durante la presentación de su informe ante el Congreso, el presiente Peña tildó de “aplanadora del bien común” a su mayoría aplastante en ambas cámaras y también fue uno de los argumentos por los cuales el mandatario defendió que tengan una “jubilación vip” y otros privilegios.