Uno de los puntos centrales en Diputados no se encuentra oficialmente en la agend. Es la posible suspensión del diputado opositor Miguel Martínez (PLRA) por haberlos llamado “colorratas” en la sesión pasada, en la que los cartistas son los que “se pusieron el sayo” y están detrás del “garrote”.
Tras la reunión de bancada de Honor Colorado de ayer, trascendió que había un acuerdo casi unánime para impulsar el pedido de suspensión por hasta 60 días, pero habrá que ver si tienen los votos, ya que requerirán de los liberales para consumar su intención.
No obstante, hasta ayer oficialmente no se introdujo ningún pedido, pero lo pueden hacer hoy sobre tablas. El artículo 190 de la Constitución Nacional (“del reglamento”) establece que cada cámara “por mayoría de dos tercios podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros”.
Esto implica que en el caso de estar los 80 presentes, los cartistas y sus aliados necesitarán de 53 votos para proceder a la suspensión, lo cual es imposible sin la complicidad de liberales, que deberán además “traicionar” a uno de los suyos.
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En el caso de que todos estén presentes, el cartismo tiene 36 votos asegurados, más sus 8 aliados de la bancada ANR “B” (oficialista), llegando a 44 votos.
La bancada colorada disidente (Fuerza Republicana) no prestaría sus 5 votos, ya que adelantaron que con llamado al orden bastaría; al igual que los miembros del tercer espacio. Otra manera de concretar una suspensión es si se ausentan algunos liberales para bajar la mayoría requerida o que directamente voten a favor.
Martínez ofreció solicitar disculpas, pero aun así buscan castigarlo.
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Otra prueba para HC
Como punto 3 del orden del día figura el proyecto de ley que modifica 14 artículos de la Ley N° 1.160/97, “Código Penal” y la Nº 2523/04, ‘que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la Función Pública”, a fin de elevar las penas para casos de corrupción que afecten al Estado, iniciativa del diputado colorado disidente Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana).
El proyecto pondrá a prueba a la “aplanadora” cartista, que de boca para afuera dice estar “indignada” por la corrupción, pero solo va contra los “enemigos”, como es el caso del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, para quien exigen denuncia penal por una supuesta cuenta en Islas Seychelles, que este negó poseer.
Mientras tanto, se callaron ante la liberación tras solo 6 meses de prisión del exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González, condenado en primera instancia por el robo de G. 5.105 millones en plena pandemia, entre otros tantos casos.
Ayer, el proyectista recorrió las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación y la de Justicia logrando los dictámenes para que no haya excusa hoy para el tratamiento.
Entre los hechos punibles que se pretenden castigar con mayor severidad figuran: Lesión de confianza, Exacción, Asociación criminal, Cohecho pasivo, Cohecho Pasivo agravado (coima), Prevaricato, Enriquecimiento ilícito en la función pública, Tráfico de influencias y Administración en provecho propio.
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Pensión a personas con discapacidad
Otro proyecto que pondrá a prueba la “careta” de la mayoría cartista en Diputados es el que figura en el punto 11 del orden del día de la sesión de hoy, que plantea incluir sin distinción de edad al programa Tekoporã, a personas con discapacidad, para que reciban una pensión apenas un poco más digna.
El proyecto del diputado Roberto González (ANR, FR), que modifica la ley Nº 7322/2024, fue una promesa de los cartistas, luego de que de manera cobarde hicieron que tenga sanción ficta el veto de Santiago Peña a un proyecto anterior con el mismo fin.