El intendente municipal de la ciudad de Natalio, Marco Maidana, que llegó a la Intendencia a través de una alianza de partidos y movimientos, fue imputado por supuesta lesión de confianza, producción y utilización de documentos no auténticos, junto a otras cuatro personas. Se trataría de un presunto daño patrimonial de más de 900 millones, según la denuncia.
Los denunciantes fueron concejales opositores a la gestión municipal, principalmente del Partido Colorado. Acusan al jefe comunal de haber entregado aportes a una Comisión de Emergencia con la que se desarrollaron trabajos de apoyo a productores locales en 2022.
La imputación fue librada dos años después de la denuncia, por el fiscal de la Unidad Penal 2 de María Auxiliadora, Walter Castro. Además, habría imputado por los mismos cargos al exadministrador financiero de la municipalidad, al secretario de Transparencia, de Acción Social y al titular de la Cooperativa Multiactiva Tape Añete Limitada.
La investigación sugiere que se contrató a una cooperativa en la que estarían involucrados los miembros de la citada comisión, incluso el intendente. Además, las obras se habrían realizado con maquinarias de la municipalidad y la Gobernación.
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Contexto electoral
Entretanto, el jefe comunal refirió que se trata de un amedrentamiento ante sus intenciones electorales para los próximos comicios municipales. Indicó que le llama la atención que aparezca la imputación en este contexto.
Refirió que los trabajos fueron realizados por la cooperativa y que, en paralelo, se brindaba apoyo con las máquinas de la municipalidad y con el respaldo de la Gobernación. Según expresó se brindó apoyo a más de 2.000 productores después de la pandemia de covid-19.
Con respecto a su relación con esta cooperativa, dijo que ninguno de los miembros investigados ocupa cargo directivo.
Entretanto, denuncias de esquemas similares contra intendentes colorados cartistas en distritos aledaños como Tomás Romero Pereira y San Rafael del Paraná no avanzan en el Ministerio Público.
Jueza se declara incompetente
La jueza penal de Garantías de Tomás Romero Pereira, Carina Ruiz Díaz, se declaró incompetente para entender la causa penal abierta contra el intendente de Natalio.
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La resolución responde a las limitaciones expresadas en la Ley Nº 6379/19, que establece la creación de tribunales especializados en delitos económicos y crimen organizado. La legislación fue reglamentada mediante la Acordada Nº 1406/20 de la Corte Suprema de Justicia.
Esta normativa determina que causas vinculadas a hechos punibles patrimoniales —como estafa, apropiación o lesión de confianza— deben ser atendidas por dicha jurisdicción cuando el perjuicio económico supere los 5.500 jornales mínimos legales.
En este caso, según la investigación del fiscal Walter Castro, el perjuicio asciende a aproximadamente 950 millones de guaraníes, equivalentes a más de 8.500 jornales mínimos.
En consecuencia la Corte Suprema deberá designar a un magistrado del fuero penal económico para continuar con el trámite judicial.