Una disposición INÉDITA y sin precedentes hizo pública ayer la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), cuyos titulares son Sara Irún y Jorge Ilou, respectivamente. Se trata de la suspensión temporal de 263 locales de la cadena Biggie Express, parte del Grupo ABC.
Según el comunicado entregado antes de la conferencia de prensa, el operativo comenzó a partir de múltiples denuncias ciudadanas recibidas en redes sociales, que derivaron en fiscalizaciones realizadas en varias locales comerciales. “En dichas inspecciones se constató la venta de productos con alertas sanitarias, productos vencidos y, en algunos casos, presunto reetiquetado irregular alterando la fecha de vencimiento” (sic).
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La titular de Sedeco señaló que encontraron productos que “ponen en riesgo la vida” de los consumidores, en referencia a productos supuestamente defectuosos, reetiquetados o vencidos en 12 locales, pero la medida es para los 263 minimercados, distribuidos en 31 ciudades y que emplea a 5.300 personas.
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Lo paradójico es que en la Resolución Nº 326/2025 del 12 de agosto de 2025 de la Dinavisa muestra los antecedentes de la decisión en la cual sobresalen aspectos bastante sugestivos, como la verificación de unos cuatro locales y otras cuestiones, por lo que existirían serios indicios de una operación viciada de irregularidades. Las sospechas son más fuertes cuando la misma titular de la Sedeco, Sara Irún, al arrancar la conferencia habla del cumplimiento de un pedido del presidente de la República, Santiago Peña.
El mandatario, en diferentes ocasiones, evidenció su molestia por las publicaciones de ABC, llegando lanzar amenazas como ¡cuidadito!, cuando se mostró la vida de lujos en su mansión construida en San Bernardino, a los pocos meses de su asunción.
En cuestión de horas
“Estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide, que es proteger a los consumidores” (sic), declaró Irún. Los antecedentes muestran que la operativa para las supuestas fiscalizaciones de Sedeco a la cadena arrancaron el pasado 7 de agosto y se extendieron hasta ayer.
Casualmente, el 7 de agosto, Irún participó de la reunión organizada por el mandatario con el supuesto objetivo de “impulsar medidas firmes para proteger el bolsillo de las familias paraguayas”. Sin embargo, los anuncios desde la misma Presidencia se centraron en Sedeco y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
Lo cierto es que, de acuerdo a los antecedentes, ese mismo 7 de agosto de 2025 la Sedeco emitió la constancia de orden de trabajo Nº 48/2025, por la cual designó a dos funcionarios para inspeccionar, fiscalizar y verificar específicamente la cadena Biggie Express, del Grupo ABC.
Esta decisión supuestamente se tomó luego de una denuncia en redes sociales de un aparente perfil falso.
En el detalle de documentos aparece que ese día se hizo UNA fiscalización, pero se elaboraron dos actas.
El 11 de agosto de 2025, los mismos dos funcionarios firmaron tres actas de fiscalización de otras sucursales.
Los antecedentes revelan que ese mismo día la titular de la Sedeco, Sara Irún, remitió la Nota Nº 584/2025, por la cual informa los presuntos hallazgos en las fiscalizaciones, ante lo cual pide tomar las “medidas pertinentes”. La Dinavisa, por su lado, una vez recepcionada la comunicación realizó ayer la verificación con Sedeco de UNA sucursal, para inmediatamente emitir la resolución de 24 páginas con la apertura de un sumario administrativo y la suspensión temporal de la cadena de minimercados.
El titular de Dinavisa, Jorge Ilou, afirmó que los controles se hicieron en otros comercios, como farmacias. Pero, lo llamativo, es que no se anunciaron suspensiones.
Exministro: Derecho a la propiedad en peligro
El abogado Diego Zavala, exministro de Industria y Comercio (2013), también se pronunció sobre la controversial disposición gubernamental. A través de su cuenta en X calificó como gravísima la medida y expresó que de ser cierto que hallaron mercaderías vencidas o reetiquetadas, debieron sacar de circulación solo las mismas e iniciar el sumario.
“Pero no pueden cerrar todos los supermercados. El derecho a la propiedad y a la defensa en juicio están en peligro”, señaló Zavala.
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Por otra parte, el abogado y asesor corporativo Milciades Benítez señaló que el Gobierno “escupe para arriba” al trasladar la enemistad política con el grupo empresarial de ABC Color a toda la economía.
“El país que me gusta no es aquel en el que burócratas tienen el poder de cerrar empresas”, agregó.
Capasu y CNCSP hablan de daño al clima de negocios
Tras el abusivo actuar del Gobierno, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) también emitieron comunicados expresando preocupación por la suspensión temporal de la cadena de minimercados y alertaron de graves impactos a la economía.
Capasu calificó la sanción como “desproporcionada y sin precedentes” en el país y en la región.
Según el gremio, esta clase de disposición no solo afecta el prestigio de una firma comercial, sino que también impacta negativamente en el clima de negocios y en la economía nacional en su conjunto.
La organización advirtió que si bien los eventuales incumplimientos deben corregirse con acciones firmes y transparentes, las sanciones no deberían poner en riesgo miles de puestos de trabajo. En ese sentido, subrayó que la estabilidad y la previsibilidad, tanto comercial como laboral, deben ser el marco para cualquier clase de resolución, evitando así el temor a decisiones arbitrarias que puedan ahuyentar la inversión.
Capasu señaló que el mercado puede y debe estar preparado para recibir sanciones severas y amonestaciones cuando corresponda, siempre que no deriven en la pérdida de empleos. Agregó que las autoridades pueden complementar su accionar con la condena pública, pero que ambas instancias deben ser ejemplificadoras y cautelosas.
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En su comunicado, la CNCSP aclaró que su inquietud no radica en la imposición de sanciones, sino en la “aparente desproporción de la medida”, dado que no solo afecta a los 12 locales inspeccionados, sino a los más de 260 que forman parte de la cadena.
La Cámara también instó a las autoridades encargadas a velar por la libre competencia y la protección al consumidor.
Además, instan a ajustar sus actuaciones estrictamente en el marco legal, argumentando que lo contrario vulnera principios constitucionales, como el derecho a la propiedad, al trabajo y a la defensa en juicio, e implicaría poner en riesgo la seguridad jurídica necesaria para el normal desarrollo de la actividad económica.
Gremios piden mesa de trabajo
El 18 de julio último, varios gremios remitieron una nota al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, solicitando la conformación de una Mesa de Trabajo Conjunto ante su preocupación por las acciones de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (Sedeco).
En su nota plantearon abrir un canal de diálogo para revisar el marco normativo y aspectos clave de las relaciones de consumo.
Aclararon que no cuestionan la aplicación de sanciones, sino la aparente desproporción de algunas medidas, que podrían generar dudas sobre la adecuación de Sedeco al marco legal, afectando principios como objetividad, razonabilidad y debido proceso. Advirtieron que sanciones desproporcionadas impactan en la seguridad jurídica y enfatizaron que la estabilidad comercial y laboral debe guiar cualquier resolución.
La nota fue firmada por la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Paraguaya de Operadores Móviles del Paraguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, la Asociación de Bancos del Paraguay, la Cámara Paraguaya de Anunciantes del Paraguay, entre otros grandes gremios empresariales.
Medida fue abusiva, señalan
El economista y abogado Víctor Pavón se refirió a la disposición contra Biggie en la red social X mencionando que la misma podría ser considerada “abusiva” al cerrar más 260 locales de la citada empresa del Grupo Azeta, cuando en realidad las faltas señaladas por Dinavisa eran específicamente solo sobre 5 locales.
“Ni siquiera tomaron en cuenta el principio de proporcionalidad, cerraron toda la cadena”, expresó.
Por su parte, el periodista especializado en economía Samuel Acosta detalló, en la misma red social, graves impactos a proveedores.
En el sector panificados, una de las marcas más importantes señalaba que el comercio a través de la cadena representa el 17% de sus ventas y que para empresas de bebidas llega hasta el 25%, lo que representaría un fuerte golpe a la economía.
