En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, comentó sobre la inconsistencia entre la reciente afirmación del presidente Santiago Peña sobre la cantidad de títulos de propiedad de inmuebles expedidos y entregados por su gobierno y las cifras que menciona en un informe el Servicio Nacional de Catastro.
El pasado 1 de julio, durante su informe anual de gestión ante el Congreso Nacional, el presidente Peña dijo que, desde su asunción en agosto de 2023, su gobierno “alcanzó un total de 9.416 títulos otorgados” y que entre julio de 2024 y mayo de 2025 “se entregaron 5.040 títulos de propiedad”.
Sin embargo, un informe emitido este mes por el Servicio de Catastro indica que la cantidad de títulos expedidos de manera definitiva por el Indert entre agosto de 2023 y julio de este año es de apenas 4.692.
“No todo lo que está inscrito está titulado”
Ruiz Díaz insinuó que la inconsistencia entre lo afirmado por el presidente Peña y el informe de Catastro obedece a una imprecisión técnica y afirmó que la cifra de más de 9.000 títulos mencionada por el mandatario en su informe al Congreso se refiere a la cantidad de títulos “producidos” y adjudicados por el Indert entre agosto de 2023 y julio de 2025, que no necesariamente fueron entregados de forma definitiva.
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Indicó que la inscripción de títulos es un “indicador de la capacidad productiva” del Indert y señaló que su institución puede llegar hasta la etapa de adjudicación, pero indicó que un expediente de adjudicación de un lote no puede convertirse en un título definitivo hasta que la persona adjudicada haga un pago que corresponde al 3 por ciento del valor del inmueble.
“En el informe se menciona mi producción propia, los expedientes que encaminamos, que se inscribieron en Catastro, en Registros Públicos, y pasaron a ser parte de lo que teníamos en estantes”, subrayó.
Ruiz Díaz afirmó que actualmente tiene “15.000 títulos” inscritos “para entregar” en su oficina, algunos de los cuales datan de 2017. Sin embargo, enfatizó que “no todo lo que está inscrito está titulado”.
“No es que el presidente mintió, puede que no se entregue (un título) porque el campesino no pagó o porque se guardó en estante y no se entregó”, añadió.
Dijo que al hacer una “comparativa de adjudicaciones” entre la administración actual y los gobiernos anteriores “se va a ver la productividad de esta administración”, pero admitió el indicador de adjudicaciones “no sirve como criterio del ordenamiento territorial con seguridad jurídica”.
“La resolución de adjudicación no resuelve el problema de tenencia de la tierra, no resuelve el derecho de propiedad, es frágil un documento de adjudicación”, declaró. “Lo único que va a permitir decir que estamos ordenando territorialmente el país es el título de propiedad”.