El proyecto de ley “que modifica el artículo 3 de la Ley 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales; agentes fiscales; defensores públicos; y síndicos de quiebra; y deroga la Ley 3759/2009”, plantea varias exigencias a los candidatos que serán representantes de Diputados y Senadores ante el JEM.
Estas exigencias son: “que durante el término de diez años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente”.
Este plan es como derivación de casos como los del senador cartista Hernán Rivas y el ahora exdiputado cartista Orlando Arévalo, cuyos títulos de “abogados” estuvieron en seria controversia sobre su legalidad, siendo investigados incluso por la Fiscalía.
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El supuesto título falso de Hernán Rivas
El senador Rivas y su supuesto título falso, fueron ayudados por fiscala. Este aspecto no genera mayor controversia, como sí el planteamiento de reducir el plazo de mandato.
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Inicialmente, los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Roberto González (ANR, Fuerza Republicana), Édgar Olmedo (ANR, B) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) planteaban mandato de 1 año en vez de 3 que ahora establece la ley. Según Vallejo, ayer se acordó reducir a 2 años y medio el mandato, sin posibilidad de reelección.
Esto debido a que legisladores se aferraron al cargo para usarlo como esquema de “apriete”, como fue el caso del exsenador cartista Óscar González Daher (+) y de Arévalo.