El viernes el interventor de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, entregó el informe final de la auditoría al Ministerio del Interior. Dicho informe aún no se dio a conocer al día de hoy, ni tampoco fue enviado a la Cámara de Diputados, lo que constituye un incumplimiento por parte del gobierno de Santiago Peña, según apreció el abogado Ezequiel Santagada.
Hasta hoy en día el informe de la intervención a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, se desconoce, pese a que Carlos Pereira, interventor designado, entregó el mismo el viernes al Ministerio del Interior y denunció cinco hechos punibles ante la Fiscalía.
Sin embargo, a diferencia del informe de la intervención a la administración de Miguel Prieto en Ciudad del Este, el gobierno de Santiago Peña sigue sin publicar o enviar el informe de Asunción a la Cámara de Diputados, hecho que puede considerarse como incumplimiento de la ley de acceso a la información pública, según calificó el abogado Ezequiel Santagada.
“Se está incumpliendo con el artículo 8 inciso H de la ley 5282 todavía vigente. Lo que presentó el interventor Carlos Pereira es un informe de auditoría y los informes finales de auditoría deben publicarse en sitios webs oficiales desde el momento en que son terminados y sin necesidad de que nadie lo pida”, explicó Santagada.
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Al no hacer público el informe, el gobierno de Santiago Peña está incumpliendo con la Ley de Acceso a la Información que reglamenta el Derecho Humano consagrado, reconocido en el artículo 28 de la Constitución de acceso a la información pública, generando secretismo y opacidad, lo que da pie a suspicacia, según opinó el abogado.
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Lo que dijo “Nenecho”
El abogado recordó lo que dijo Óscar “Nenecho” Rodríguez cuando anunció su renuncia a la intendencia de Asunción, quien aseguró que en el informe de la intervención no se iban a encontrar indicios de ningún hecho punible y que en el peor de los casos habría solamente errores administrativos, cuando momentos antes el interventor Carlos Pereira denunció ante la Fiscalía cinco hechos punibles derivados del informe.
Santagada opinó que este escenario da pie a pensar que estarían manipulando el documento, lo cual se configuraría como otro hecho punible.
“Si uno piensa mal y sigue con esta línea de pensamiento, no es que van a estar sacando hojas, van a estar cambiando hojas. Van a estar alterando un instrumento público. Y eso, a buen romance, se llama hecho punible”, precisó.
Agregó además lo que decía el diputado colorado cartista Yamil Esgaib ayer, sobre que el informe ya estaba siendo compartido entre ellos a través del sistema de mensajes de textos WahtsApp, pese a que el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se desentendió del caso y responsabilizó al Poder Ejecutivo de no enviar el informe.
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Transparencia en peligro
La nueva ley de protección de datos, necesaria ante la vulnerabilidad de los datos personales y biométricos de la ciudadanía, pero que fue modificada por la Cámara de Diputados con la inclusión del artículo 24 que afectaría a la ley 5282 de acceso a la información pública, debía ser tratada nuevamente por la cámara baja hace dos sesiones tras las modificaciones con la que fue aprobada por el Senado; sin embargo, las sesiones quedaron sin quorum.
En el caso de que se aprueba la versión modificada por la Cámara de Senadores, complicaría el acceso a la información pública, según opinó Santagada, pero en el caso de que se apruebe la versión de Diputados, ahí si habrá muerto la ley de acceso a la información pública.
“Porque todo lo que no sea transparencia activa y cuando se haga una solicitud de acceso a información que involucre a algún funcionario, no me cabe la menor duda, a juzgar por el comportamiento que tienen, que van a utilizar la nueva redacción para tener interpretaciones administrativas creativas y empezar a negar en forma masiva solicitudes”, indicó.
La ley fue incluida nuevamente para el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes, día en el que la mayoría colorada cartista se impondría para introducir el cuestionado artículo que acabaría con el acceso a la información pública de funcionarios públicos del Estado.