Denuncian golpe cívico y maniobra para perpetuar a Bachi en el Senado

Senadores colorados disidentes y opositores cuestionaron la modificación del reglamento interno de la Cámara Alta para asegurar la permanencia de Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) en la presidencia, calificándola como un golpe a la conciencia cívica del pueblo y manoseo innecesario de las normas. Cartistas y aliados defendieron la movida para evitar el “apriete”.

Senadora Blanca Ovelar.
Senadora Blanca Ovelar.Gentileza

La propuesta de modificar el reglamento interno del Senado para permitir que Bachi continúe como presidente hasta junio de 2028 desató una fuerte controversia en la sesión del Senado, con críticas contundentes de un grupo de senadores colorados disidentes y de la oposición que denunciaron un “manoseo” institucional y cuestionaron la legitimidad de la medida.

El senador colorado disidente Cachito Salomón, parlamentario con amplia trayectoria y expresidente de la Cámara de Diputados y del Senado, fue uno de los más críticos a la intención. “Durante mi desempeño siempre respetamos puntillosamente nuestro reglamento. No voy a avalar este manoseo absolutamente innecesario. Abrimos una puerta muy peligrosa: con 23 votos cualquier mayoría podrá convocar elecciones de mesa directiva cuando quiera”, advirtió.

Por su parte, Ignacio Iramain (independiente) criticó que la modificación busca adelantar un mandato anual, neutralizando las posibilidades de otras candidaturas y subordinando las normas al interés individual. “La democracia no es un espectáculo, es una responsabilidad. Modificar las reglas para beneficiar a una persona constituye un problema ético mínimo”, señaló.

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La senadora Blanca Ovelar agregó un enfoque ciudadano al debate, señalando que la medida “golpea la conciencia cívica del país”. “Modificar groseramente el reglamento genera inquietud y repudio en la ciudadanía. Las normas deben respetarse para mantener la confianza en nuestras instituciones”, dijo, mientras recordaba la alternancia histórica en la mesa directiva del Senado.

Desde la oposición, senadores como Rafael Filizzola y Esperanza Martínez coincidieron con Salomón en que el cambio establece un precedente peligroso. Filizzola enfatizó que “cambiar el reglamento cada rato sienta precedentes para otras cuestiones futuras y desestabiliza la institucionalidad”.

Martínez, por su parte, señaló que la medida refleja una cultura de decisiones rápidas y arbitrarias que deslegitima el poder de la mayoría. Cuestionó que temas urgentes, como el proyecto de ley de cálculo del salario mínimo, tardan para analizar.

Cartistas y aliados defienden débilmente la modificación

La defensa del cambio de reglamento estuvo liderada por senadores cartistas y aliados de Bachi, aunque con argumentos que algunos consideran poco contundentes. El senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista) criticó la hipocresía de quienes abrazan a Bachi en los pasillos y lo cuestionan en el pleno. Nano Galaverna sostuvo que la modificación garantizará estabilidad y previsibilidad, y “terminará con prebendas y aprietes políticos”.

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar aseguró que no se violó ninguna norma, mientras que Ever Villalba, del PLRA, admitió que la oposición tiene pocas opciones y que la mayoría puede hacer las modificaciones que considere, pero que no le asegurará mantener la presidencia hasta el fin del periodo.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) recordó que en el pasado también hubo elecciones de presidencias de cámaras mediante mecanismos poco habituales, relativizando la controversia. Recordó que ellos ya durmieron al cartismo cuando ella era Diputados.

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Los senadores disidentes y la oposición denunciaron un abuso de poder y un precedente que puede debilitar la alternancia histórica en la mesa directiva, mientras los cartistas y aliados defendieron la medida como una forma de garantizar estabilidad.

El enfrentamiento evidencia, además, la tensión entre intereses individuales y el respeto a las normas, en un Senado donde la ciudadanía observa con atención cada maniobra y donde la percepción de fragilidad institucional puede afectar la confianza en el Parlamento.

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