El juez Humberto Otazú debe analizar la acusación contra los 14 acusados por el supuesto desvío de G. 1.108 millones de la Municipalidad de Quyquyhó entre el 2017 y 2018 cuando el actual diputado Esteban Samaniego, fungía de intendente.
Luego de múltiples dilaciones, el 22 de mayo pasado se inició la audiencia, pero hubo una nueva recusación contra el juez Humberto Otazú, por lo que se tuvo que suspender otra vez la audiencia.
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Los acusados se turnaron desde entonces para presentar diversas chicanas, por lo cual el caso incluso pasó por la Sala Penal de la Corte hasta poder destrabar la causa.
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El fiscal Silvio Corbeta había acusado a Blanca Álvarez, madre del parlamentario y Patricia Corvalán, esposa del diputado colorado por supuestos de los hechos punibles de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
En tanto, la investigación contra Samaniego no pudo prosperar, por que sigue blindado en sus fueros parlamentarios.
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Según la investigación fiscal, la pareja de cartistas desviaron dinero municipal que fue invertido en la construcción de su vivienda en Asunción. El terreno está a nombre, Blanca Álvarez viuda de Samaniego, también acusada.
Además fueron acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez, este último es un empresario constructor, amigo del diputado que actualmente acapara las obras municipales durante la gestión de Patricia Corvalán.
Asimismo, están acusados por administración en provecho propio y asociación criminal; Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina Yegros, Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.
Además, por asociación criminal fueron acusados Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, y por administración en provecho propio, fueron acusados; Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.