La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la Policía Nacional decidieron retirar los polémicos molinetes con escáneres biométricos de reconocimiento facial que habían sido instalados en los sectores norte, sur y platea del Defensores del Chaco, previo al partido de hoy de la Albirroja.
La decisión se tomó ante la preocupación policial por posibles “avalanchas humanas”. Desde el Ministerio del Interior señalan descoordinación y alertan de riesgos en tecnologías de este tipo.
Estos dispositivos, montados en estructuras con el logo de la empresa itti, una empresa de desarrollo tecnológico del Grupo Vázquez, al que también pertenece Tuti (encargada de la venta de entradas), generaron de inmediato cuestionamientos y alarma en redes sociales por parte de hinchas e internautas.
Policía advirtió riesgo
El comisario Juan Agüero, jefe de la Policía en Asunción, expresó su profunda preocupación, revelando que la Policía Nacional no fue consultada ni informada sobre esta nueva medida de seguridad.
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“Nosotros solo vimos que ya estaban en el lugar”, respondió ante la consulta de si la APF conversó con la Policía antes de la instalación de los molinetes. Agüero calificó la situación de inédita en estadios paraguayos y advirtió sobre los riesgos de aglomeraciones y conflictos por el retraso.
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“Normalmente, eso (los escáneres faciales) serían más para el conteo de cuántas personas están ingresando, pero en ningún momento se hicieron las pruebas ni nada de eso”, declaró el jefe policial.
Según el comisario, estos molinetes “inteligentes” podrían ser “causal de un gran problema”, mencionando la posibilidad de “avalancha” si la gente se empuja para entrar o salir.

Agregó que inicialmente no comprende cuál sería la necesidad de estos equipos en esos accesos. “Porque normalmente hacemos la quema de las entradas ya en el primer anillo, en el primer acceso ya se hace una quema de entradas a través de los teléfonos. Y yo no sé cuál sería la intención de poner los molinetes en ese punto”, explicó. El jefe policial lamentó la falta de comunicación, señalando que a la policía se le pide “poner la cara por la seguridad”, mientras se toman determinaciones sin consulta.
Contradictoria declaración
Fernando Villasboa, gerente de Licencia de la APF, había declarado a ABC Cardinal, poco antes de la decisión de retiro, que la intención era mejorar la seguridad y tener una trazabilidad de la gente que ingresa y sale del estadio.
Confirmó que el sistema era responsabilidad de la empresa Tuti y que los datos serían administrados “en conjunto con la Policía Nacional en algún momento”.
Sin embargo, el comisario Agüero indicó que la Policía Nacional no tenía conocimiento detallado al respecto y que no interviene en ese sentido de los controles de acceso de la empresa.
Ante la polémica y los riesgos de seguridad, la Policía Nacional finalmente confirmó que, tras una reunión, se acordó retirar los equipos.
Agüero declaró: “Ahora tuvimos una reunión y se cancela, no se van a terminar de instalar, se van a suprimir. Va a ser un acceso normal al estadio”.
Una más del club de amigos
La empresa itti, ueno y otras del Grupo Vázquez, liderado por Miguel Vázquez estuvieron en la mira recientemente tras beneficiarse con millonarias licitaciones y sospechosos convenios con entes públicos.

El presidente de la República, Santiago Peña fue socio de Ueno Holding hasta abril pasado, además contaba con bonos en itti.
Delgada línea entre lo inmoral y lo ilegal
Hernán Escobar, Director General del Sistema 911 del Ministerio del Interior y presidente del Consejo Interinstitucional de Seguridad Bancaria, ofreció una perspectiva crucial sobre la polémica de los molinetes.

Destacó que el Ministerio del Interior dispone de una tecnología de validación biométrica que ya utilizan bancos y empresas locales, operando bajo un principio “uno a uno”: se introduce el número de cédula y la cara de una persona en una cámara para verificar la coincidencia con la base de datos de Identificaciones.
Este sistema, además, alerta si la persona tiene una orden de captura o está con sanciones en el Registro Nacional de Eventos Deportivos (Renaed).
Escobar agregó que el servicio de validación biométrica que ofrecen tiene un costo aproximado de G. 1.800 por cada consulta y que las empresas que venden entradas en eventos deportivos están obligadas a utilizarlo.
Dudas en la implementación
Escobar dijo desconocer si la empresa Tuti o ITTI (del Grupo Vázquez) estaban utilizando el servicio de validación biométrica en los molinetes. Advirtió que, si no se conectan a su sistema, la empresa podría estar creando una “base de datos paralela”. El titular del 911 alertó que este tipo de prácticas en el país plantea riesgos graves atendiendo a que no tenemos ley de protección de datos.
“Estamos caminando sobre una delgada línea entre la inmoralidad y la ilegalidad”, agregó Escobar, indicando que “lo inmoral no es necesariamente ilegal” y que, sin una ley, “cualquier entidad privada podría guardar y potencialmente comercializar esta información sensible”.
El director del 911 subrayó que el Estado no guarda fotografías captadas por las cámaras ni realiza vigilancia retrospectiva (investigar a partir de capturas hechas de forma masiva en el tiempo) por “respeto a las libertades individuales”.