La intendenta Mirtha Fernández (PLRA) cuenta con orden de captura desde el pasado 28 de agosto y desde entonces se mantiene en la clandestinidad para evitar su detención. Sin embargo, remitió una escueta nota que lleva su firma a la Junta Municipal de Valenzuela solicitando permiso.
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En el documento, indica que, en base a lo que establece el artículo 53, inciso A de la Ley Orgánica Municipal, comunica su ausencia hasta por 20 días y que, durante su ausencia, el Presidente de la Junta deberá ser encargado de despacho.
En este caso, queda como encargado el concejal Marcelo Flecha (ANR) hasta tanto la jefa comunal se reintegré a sus funciones.
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Mirtha Fernández junto con otras once personas están acusadas por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.999 millones.
El proceso está paralizado desde hace 29 meses debido a que se presentan múltiples acciones judiciales dilatorias. En esta causa el juez de Delitos Económicos; Rodrigo Estigarribia ya sancionó a varios abogados chicaneros y ordenó la captura de la intendenta.
El juez Estigarribia indicó que la procesada incumplió por dos meses con las medidas impuestas pues no fue a firmar el libro de comparecencia en el Juzgado. Además, se tuvo en cuenta su conducta procesal obstruccionista.