La Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), donde los cartistas tienen mayoría, blindan a sus intendentes correligionarios y aprietan a los jefes municipales opositores. En ese plan, el martes 9 tratarán seis pedidos de intervenciones (ver la infografía).
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Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa) y padre del senador cartista acusado por título falso Hernán David Rivas, tiene denuncias de presunto daño patrimonial por G. 2.000 millones, pero aunque el fiscal Néstor Coronel investiga el caso, no hay avances aún.
Tomás Olmedo (ANR, HC), intendente de Ñemby, fue denunciado por un presunto daño patrimonial de al menos G. 700 millones. Fue imputado, pero en abril fue sobreseído. La fiscala Tamara Ávalos dijo que con este trámite tiene un año más para acusarlo. En ambos casos ya fue salvado en 2023 de un primer pedido de intervención.
César Machuca (ANR, cartista), intendente de Ybyrarobaná (Canindeyú), tiene denuncias por supuestas obras “fantasmas”. En enero la fiscala Inés Estigarribia allanó la comuna, pero tampoco hay avances en su caso. No se ha divulgado cuál es el presunto daño patrimonial. Sin embargo, entre los tres colorados suman G. 2.700 millones en presuntos desvíos de fondos.
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Para lograr salvar a los de la ANR, el cartismo agregó el pedido de intervención contra Juan M. Ávalos (Alianza), intendente de Lima (San Pedro), denunciado por la Junta, pero sin causa penal abierta.
Se suma el caso de Silvio Andrés Peña (PLRA), intendente de Emboscada, denunciado por la Junta, pero sin investigación fiscal.
Finalmente, el caso de Vidal Argüello (Alianza), intendente de Yby Yaú (Concepción). Los ediles lo acusan ante la Fiscalía por falta de transparencia y facturas clonadas y el intendente denunció a los concejales por falsificación de votos para pedir su intervención.
Cajoneo como estrategia de impunidad
El propio cartismo generó las condiciones perfectas para promover la impunidad en estos casos y no permitir siquiera que procedan los pedidos de intervención, ya que estratégicamente cajonearon estos casos, para ahora alegar que ya no existe tiempo razonable para culminar los procesos.
A diferencia del caso del exintendente opositor de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), que corrió como un rayo, estos casos llevan congelados desde el año pasado, y ahora alegan que ya no hay tiempo para cumplir el proceso, puesto que en el eventual caso de que acepten la intervención y se destituya a los intendentes, se deberá convocar a nuevas elecciones para sustituirlos.
En el mejor de los casos, hipotéticamente si el martes se da trámite a las intervenciones, en la mayoría de estos casos se deberán integrar las comisiones especiales que dictaminen si corresponde o no el proceso, para luego volver a someter a consideración del pleno el inicio o no de la intervención.
Otra vez, a partir de ahí el Ejecutivo tendrá 15 días para designar los interventores, que por ley tendrán cuanto menos 60 días (dos meses) para realizar la intervención antes de emitir un informe final.
Es decir, recién para finales de noviembre o inicios de diciembre se tendrían los informes finales, con los que supuestamente deberán determinar si destituyen o no a los intendentes.
En el caso de ser echados, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deberá convocar a elecciones en un plazo de 90 días, es decir, para marzo del próximo año, siendo que los mandatos culminan en noviembre del próximo año, es decir, implicará un gasto en elecciones para apenas 8 meses de mandato.