Esta semana podrían tener desenlace en Cámara de Diputados dos procesos silenciosos llevados adelante por el cartismo durante largo tiempo; por una parte, la impunidad definitiva para seis intendentes con pedido de intervención (3 de ellos cartistas), y por otra, la aniquilación de leyes de acceso a información pública y transparencia mediante la “Ley de protección de datos personales”.

El proceso de impunidad para los 6 intendentes, entre ellos Tomás Ysidro Rivas, el jefe comunal de Tomás Romero Pereira y padre del senador cartista Hernán David Rivas se viene gestando hace al menos un año, dilatando el tratamiento hasta llegar a esta instancia, donde tiene la “excusa perfecta” para rechazar alegando que ya existe poco tiempo de mandato en caso de echar a los intendentes y elegir sustitutos.

Parte de esa estrategia fue crear un “paquete” de posibles salvados, con tres colorados oficialistas Hernán Rivas (ANR, HC), en Tomás Romero Pereira, Tomás Olmedo (ANR, HC), de Ñemby y César Machuca (ANR, HC) de Ybyrarobaná; junto con tres opositores, Silvio Peña (PLRA), de Emboscada, Vidal Argüello, de Yby Yaú (Alianza) y Juan Manuel Ávalos (Alianza) de Lima.

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Todos estos casos fueron cajoneados más de un año, y ahora varios referentes del cartismo ya alegan que no hay tiempo suficiente para culminar con el proceso, puesto que, en el caso de ser echados los intendentes, la ley obliga a convocar a elecciones para sustituirlos.

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Esto dado que, en el caso de que avancen con las intervenciones, en la mayoría de los casos aún no se han conformado las comisiones especiales para dictaminar si corresponde o no, lo cual normalmente lleva unos 15 días.

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Una vez que se tenga ese dictamen, recién el pleno deberá decidir en una sesión ordinaria proceder o no con la intervención y, en el caso de ser positivo, el Ejecutivo tendrá 15 días para designar un interventor, que al asumir, tiene el plazo legal de 60 días para revisar la gestión y emitir un informe final.

Es decir, a dicho ritmo, recién a mediados de noviembre se podría resolver echar a los intendentes (si hay mérito), con lo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral está obligado a convocar a elecciones, que obligatoriamente deben darse en un total de 90 días.

Si todo esto se concreta, recién para mediados de marzo del próximo año asumirían los intendentes sustitutos, para completar el mandato que va hasta inicios de noviembre, pero ya con las elecciones internas y municipales en paralelo.

Durante este año, el cartismo frenó el estudio de estos pedidos de intervención y, en el caso de Rivas, tuvo la complicidad del Ministerio del Interior, que congeló desde junio de 2024 el pedido, pese a que la ley obliga a su remisión como máximo 5 días después de haberlo recibido.

Diferencias con caso Miguel Prieto

Diferentes varas aplicó la mayoría cartista en Diputados (que con sus aliados son en total 44 de 80) entre estos seis pedidos de intervención y el caso del exintendente opositor de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), ya que en este último caso se dio trámite acelerado en todo el proceso.

Mientras la mayoría de estos pedidos de intervención dormían en cajones desde el año pasado, el caso de Prieto corrió desde el día que ingresó a la Cámara Baja, ganándole incluso al pedido de intervención a la gestión del cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez de Asunción, pese a que iniciaron en paralelo.

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Transparencia sigue en vilo

En paralelo, una vez más se incluyó en el orden del día el proyecto de ley “de protección de datos en la República del Paraguay”, que en su artículo 24 (sobre todo en la versión Diputados) establece cuestiones atentatorias contra las leyes Nº 5189/14 (sobre provisión de informaciones de uso de recursos públicos) y la Nº 5282 (de libre acceso ciudadano a la información y transparencia gubernamental).

Este proyecto que viene siendo postergado hace más de un mes por falta de quórum, de vuelta figura entre los últimos puntos del orden del día (punto 16 de 24 en total), lo que hace que semana tras semana se mantenga el riesgo de que la mayoría cartista ratifique la peligrosa versión Diputados.

Las modificaciones introducidas en Senado, si bien también restringen el derecho ciudadano al acceso a información pública, al menos mantiene ciertos aspectos de transparencia activa de la ley vigente.