Ante las protestas de sobreprecio y posible direccionamiento en la adjudicación del Gran Hospital de Asunción, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, salió en defensa del proceso enfatizando su compromiso “con la transparencia”, aunque sin responder a los cuestionamientos sobre documentos internos de su propia institución.
Esta obra valorada en G. 466.945 millones (aproximadamente US$ 63 millones) y adjudicada al Consorcio GHA (integrado por Benito Roggio e Hijos S.A., MM S.A. e Isacio Vallejos Construcciones), se encuentra actualmente suspendida, tras la protesta interpuesta por el Consorcio Yvága ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El Consorcio Yvága había presentado una oferta significativamente menor, de G. 386.900 millones (alrededor de US$ 52 millones), lo que representa una diferencia de US$ 11 millones.
La magnitud del sobreprecio, un 26.6% por encima del precio de referencia y superior al porcentaje límite establecido por la normativa de la DNCP. Este aumento de US$ 11 millones contrasta notablemente con el hospital de Itapúa, de dimensiones similares, cuya adjudicación fue US$ 22 millones menor que el precio de referencia.
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Sin embargo, Centurión declaró que la empresa descalificada de la licitación no cumplía con los requisitos exigidos. Explicó que el oferente con la menor propuesta fue descalificado porque su carpeta “no cumplía los requisitos”.
“El que presentó la menor oferta que está descalificado, cuya carpeta no cumplía los requisitos, es el que está protestando haciendo uso de todos sus derechos, increíblemente no presenta contra su descalificación, sino como el que está posicionado como segunda mejor oferta”, señaló la ministra ante medios oficialistas.
La ministra ratificó su “compromiso con la ciudadanía y con el presidente” en cuanto a la “transparencia y la robustez de los procesos de licitación”, asegurando que el Hospital de Asunción no es la excepción y que su objetivo es que los procesos sean justos y transparentes para garantizar “buenas adquisiciones para la República del Paraguay”.
Contradictoria defensa
En su declaración, la ministra Claudia Centurión evitó referirse a un documento interno de su ministerio que contradice sus declaraciones.
Uno de los puntos más cuestionados por el Consorcio Yvaga proviene del Memorándum Nro. 259/2025, un documento interno del MOPC. Este informe, remitido por la Arq. Leticia Herreros Cataldi, Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura Pública (UEP IP), a la Arq. Verónica Martínez, Directora de Obras (DOP), expone supuestas “irregularidades” y una “interpretación direccionada” por parte del Comité de Evaluaciones en la licitación.
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El memo interno de la institución contradice el principal argumento utilizado para la descalificación del Consorcio Yvága por parte del Comité de Evaluación: el requisito de experiencia en la construcción de una planta de tratamiento de agua para hemodiálisis.
El Comité de Evaluación dictaminó que Yvága no cumplía por no haber ejecutado dicha planta en el “mismo lugar” o “mismo hospital declarado”. No obstante, los estudios preliminares del MOPC y el propio Pliego de Bases y Condiciones (PBC) original evidenciaban un “espíritu de inclusión”, que permitía acreditar capacidades en rubros críticos a través de subcontratistas especializados y no exigía que la experiencia proviniera de un “único contrato”.
Además, este rubro específico, la planta de hemodiálisis, representa apenas el 0.1% del presupuesto total de la obra, una cifra desproporcionadamente pequeña para ser el motivo principal de una descalificación que implica un costo adicional tan elevado.
En tiempo record
La introducción de este criterio restrictivo se llevó a cabo de manera controvertida. Fue mediante una respuesta a una consulta en la web, apenas cuatro días antes de la apertura de ofertas y, en el caso de la experiencia clave, solo tres días antes de la presentación de ofertas.
Esta práctica contraviene los plazos legales, que exigen un mínimo de seis días para modificaciones sustanciales, y vulnera los principios de seguridad jurídica y transparencia, ya que las modificaciones deben realizarse mediante una adenda formal y no por respuestas a consultas. El Consorcio Yvága denunció que esto constituyó una “modificación encubierta” de los requisitos, limitando la competencia.
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La afirmación de la ministra sobre la naturaleza de la protesta del Consorcio Yvága tampoco condice con la realidad. El consorcio descalificado sí protestó contra su propia descalificación, argumentando que se basó en una interpretación restrictiva de las bases y la inclusión irregular de exigencias no previstas, lo que conlleva implícitamente un cuestionamiento a la validez de la oferta del Consorcio GHA.
DNCP sigue sin contestar protesta
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sigue sin responder a la protesta sobre la licitación del Gran Hospital de Asunción.
La DNCP cuenta con un plazo máximo de 35 días hábiles para resolver el caso, contados a partir del 19 de agosto, fecha en que el MOPC presentó su respuesta a la protesta ratificándose en su evaluación.
A pesar de este plazo, la resolución sigue pendiente hasta el momento.