La Cámara Baja fijó 16 puntos en el orden del día, y lo que llama la atención es la exclusión del proyecto de ley de “protección de datos personales en la República del Paraguay”, cuyo tratamiento en tercer trámite viene siendo postergado –semana tras semana– por falta de quorum, desde el pasado 12 de agosto.
Hace más de un mes que el proyecto era incluido en el orden del día, pero entre los últimos puntos, lo que evitaba que se llegue a tratar por una llamativa y recurrente falta de quorum, tal vez motivada por las fuertes críticas hacia la posibilidad de que se ratifique la versión Diputados, sobre su potencial daño irreparable a las leyes de transparencia y acceso a información pública.
El proyecto, si bien supuestamente tenía como objetivo regular el uso de datos del ciudadano (desde el número de cédula, contactos y hasta datos sensibles como los biométricos o bancarios), en particular el artículo 24 pretende eliminar el derecho a acceso a información pública y la transparencia.
En esta instancia, la Cámara de Diputados debe ratificarse en su versión (la más cuestionada) o aceptar las modificaciones del Senado (también con críticas pero un poco menos nociva).
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Si bien ambos proyectos plantean el nefasto requisito de que para obtener datos de un funcionario público habrá que tener el aval del requerido, aniquilando la Ley Nº 5.282 “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, la versión Senado al menos mantiene la vigencia en parte de la ley de “transparencia activa”.
Este último señala que las instituciones están obligadas mensualmente a publicar datos públicos básicos, como ser los pagos de sueldos, bonificaciones y datos de funcionarios públicos, viajes y viáticos, entre otros, actualmente obligados por la Ley Nº 5189/14 que “establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos”.
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En el caso de que se imponga la versión Diputados, serán cercenados todos estos derechos ciudadanos a la transparencia sobre el uso de fondos públicos.
La Cámara Baja tiene hasta el 8 de noviembre para tratar el proyecto, de lo contrario tendrá sanción automática la versión Senado, lo cual podría ser el motivo por el cual se evita tratar el tema.
Ante las críticas por la posibilidad de atentar contra la transparencia, en Diputados no tendrían los 41 votos (mayoría absoluta) para ratificarse, pero, además, buscaría cargar con el menor costo político posible.
Cajoneo definitivo a intervenciones
Por otra parte, el pasado martes congelaron por 90 días el estudio de seis pedidos de intervención a los municipios de Tomás Romero Pereira, Ñemby, Ybyrarobaná, Emboscada, Yby Yaú y Lima, lo que en la práctica es un rechazo tácito, considerando que dentro de 90 días se iniciará el receso parlamentario, que va hasta el 2 de marzo del año próximo, lo que hace imposible un eventual tratamiento.
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En el eventual caso de que traten en marzo, se deben integrar las comisiones especiales que dictaminen, y de aprobarse por el pleno, el Ejecutivo tendrá 15 días para definir interventor para cada caso.
Se deben contar otros 60 días de la intervención para luego tratar ante el pleno. De echar a los intendentes, la Justicia Electoral obligatoriamente deberá conceder 90 días para las elecciones. En el mejor de los casos, el proceso culminará en agosto para un mandato que va hasta noviembre de 2026.
Padre de Rivas, entre los salvados
Entre los 6 pedidos de intervención a municipios que fueron mandados al matadero en Diputados, destaca el del padre del senador cartista Hernán David Rivas e intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas, que por segunda vez lograría zafar de ser investigado tras el rechazo en noviembre de 2023 de un primer pedido, todo esto pese a estar en la mira de Fiscalía.