El pasado 29 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) canceló el proceso de licitación para la compra de 28.000 máquinas de votación, cotizadas en 93 millones de dólares, y se encamina ahora hacia la modalidad de arrendamiento.
Una de las empresas oferentes fue el consorcio Comitia-MSA, que había sido descalificado en la fase de pruebas técnicas y documentales de la licitación de compra. En junio pasado, este consorcio designó a los abogados Pablo Debuchy y Franco Boccia como parte de sus representantes.
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Ambos letrados están vinculados al estudio jurídico de Eduardo Gross Brown, quien a su vez es director suplente de ueno bank y otras empresas del Grupo Vázquez. Debuchy, de hecho, fungió como síndico titular de ueno bank y del Grupo Vázquez.
Por su parte, Franco Boccia Gómez es hijo de Franklin Boccia, presidente de Ueno Seguros SA, otra de las unidades comerciales del grupo empresarial.
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Franklin Boccia es hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla, viuda del difunto político Franklin “Anki” Boccia.
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DNCP reveló vínculos

La representación de Comitia-MSA por parte de Debuchy y Boccia quedó documentada el 30 de julio pasado, cuando se subieron los informes de evaluación técnica al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Hasta ese momento, según registros previos, Felipe Delfino y Francisco Pérez Quintana habían representado a MSA en casi todo el proceso, además de la abogada Leticia Giménez del Estudio Jurídico Vouga.
Alquiler en puertas

La decisión de arrendar máquinas de votación responde a la urgente obligación legal del TSJE de emplear este sistema para las próximas elecciones municipales de 2026, con un presupuesto estimado de 30 millones de dólares.
En este contexto, las máquinas de votación de Comitia-MSA son las únicas con antecedentes de haberse utilizado en Paraguay hasta la fecha.
El historial de Magic Software Argentina (MSA), fabricante de las máquinas representadas por Comitia-MSA, incluye haber ganado la licitación de arrendamiento para las elecciones municipales de 2021 y las generales de 2023.
En aquellos procesos, MSA integró un consorcio con Excelsis SA, la cual compitió en el reciente llamado con el Consorcio Paraguay Democrático.
Para el reciente intento de compra, Comitia-MSA fue descalificada por incumplimientos técnicos y documentales.
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Vínculo legislativo
En mayo, legisladores cartistas coparon la Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica creada en la Cámara de Senadores, en un momento donde la DNCP realizaba suspensiones e investigaciones al proceso.
Tras meses de presiones, el 28 de agosto, con votos de Honor Colorado, la disidencia colorada, satélites cartistas y los liberales José Ledezma y Celeste Amarilla, aprobaron sobre tablas una declaración que instaba al TSJE a cancelar el llamado y que proceda, por vía de excepción, al arrendamiento de las máquinas de votación.
Tras esto, Celeste Amarilla tuvo un cruce con el presidente del Partido Liberal, Hugo Fleitas, quien la acusó de no seguir la línea partidaria. La senadora Yolanda Paredes y el senador Rafael Filizzola también cuestionaron la declaración.
Empresas con vínculos
Tanto Comitia-MSA como Miru System, otra de las señaladas con vínculos al entorno de Santiago Peña, presentaron sendas protestas durante el llamado anterior.
Vale recordar que el presidente Santiago Peña mantuvo vínculos con Ueno Holding Saeca hasta finales de marzo.
En contacto con Pablo Debuchy, confirmó que tanto Boccia como él forman parte del estudio jurídico y son asesores legales de Comitia-MSA. Agregó que el estudio jurídico también asesora al Grupo Vázquez. El mismo confirmó que ocupó el cargo de síndico, sin embargo, señaló que ya no ocupa ninguna función en el grupo empresarial.