Paraguay recibirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 22 al 26 de septiembre de 2025 para celebrar la primera semana de su 180° Período Ordinario de Sesiones en Asunción.
Este evento marca el vigésimo aniversario de las sesiones de la Corte fuera de su sede en San José, Costa Rica, siendo Paraguay el primer Estado en recibir al Tribunal en su territorio en 2005. Esta será la tercera visita que realizan al país.
La agenda incluye tres audiencias públicas sobre casos contenciosos de Perú, Argentina y Brasil.
También se realizaran cinco audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias contra Paraguay, referidas a los casos de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok Kásek, del periodista Santiago Leguizamón y el caso de Arnaldo Cordoba y su hijo, sobre la restitución internacional de un niño al país sin el consentimiento del padre.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: La Corte IDH va a sesionar en Paraguay y verificará cumplimiento de sentencias
Además se realizará el lunes un Seminario Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.
Deudas históricas
Paraguay cuenta con 14 casos con sentencia ante la Corte IDH, donde sólo una fue a favor del Estado.
El país mantiene un patrón de incumplimiento donde solo en tres casos logró un cumplimiento total de las reparaciones ordenadas: Ricardo Canese, Bonifacio Ríos y Fernández Gadea, y Alejandro Nissen.
La característica de los casos cumplidos, especialmente los dos últimos, es que se trataban principalmente de medidas de reparación a escala individual, como el pago de indemnizaciones.
Sin embargo, cuando las sentencias requieren reformas estructurales o implican cambios institucionales, el Estado falla notoriamente en implementar transformaciones que aborden los problemas de fondo o que aseguren garantías de no repetición.
Una de las áreas de mayor incumplimiento se centra en la restitución territorial y la garantía de derechos a los pueblos indígenas en el Chaco Paraguayo.
Con la Comunidad Yakye Axa (sentencia de 2005), a 20 años del fallo, el Estado sólo cumplió con la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y otras reparaciones monetarias, sin embargo, en lo referido a lo estructural, la deuda sigue.
Aunque la comunidad, a finales del 2022 ya se asentó en tierras alternativas a las originarias, el terreno sigue sin ser titulado a su favor.
La Corte IDH valoró que se haya finalizado la construcción del camino de acceso a estas tierras alternativas, un proceso que requirió casi una década. No obstante, quedan pendientes mejoras como la nivelación de tramos, la reglamentación de su uso y un plan de mantenimiento regular.
En cuanto a servicios básicos, aunque se completó la electrificación y se entregaron 50 viviendas, aún reclaman la instalación de sanitarios adecuados y la comunidad depende de camiones cisterna para el suministro de agua en periodos de sequía.
En el caso de la Comunidad Xákmok Kásek (sentencia de 2010), el Estado ya cumplió con el pago de la indemnización por daños inmateriales comunitarios a través de un fondo de desarrollo. Sin embargo, de las 10.700 hectáreas reclamadas, 2.999 hectáreas siguen pendientes de titulación y entrega.
Lea más: Indígenas del Bajo Chaco exigen que el Indi mantenga su sede en Asunción
Además, un problema que se repite en las condenas es que el país aún no adoptó las reformas legislativas necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación, demarcación y titulación de territorios ancestrales. La Ley 904/81, creada durante la dictadura de Alfredo Stroessner y vigente hasta hoy, no cumple con los estándares internacionales.
No avanza la Ley para la protección de periodistas
En un contexto de reiteradas amenazas a periodistas, el caso del periodista asesinado Santiago Leguizamón Zaván y otros (sentencia de 2022) es de suma relevancia por los compromisos en deuda.
Si bien la Corte IDH declaró el cumplimiento total en el pago de indemnizaciones y el reintegro de costas y gastos, ocho medidas de reparación siguen pendientes.
La obligación más crucial para garantizar la no repetición es la de impulsar la aprobación de un proyecto de ley de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Esta reforma está bloqueada a consecuencia de la falta de respaldo del bloque oficialista (Honor Colorado) en la Cámara de Senadores.
En entrevista con ABC, el senador Mario Varela (ANR-Añetete) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, anunció que su comisión dictaminará esta semana el proyecto para que entre en debate en el pleno. Varela subrayó que, en el contexto de las recientes agresiones a trabajadores de prensa, el proyecto busca que las amenazas a periodistas se eleven a acción penal pública.
“Debe ser de interés del Estado la protección de la libertad de expresión, especialmente en el ejercicio del periodismo, porque es una manera también de preservar y proteger la democracia”, declaró el senador. Varela espera que el proyecto obtenga media sanción antes de fin de año.