La Cámara de Diputados volvió a incluir para su tratamiento en la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley “de protección de datos personales en la República del Paraguay”, cuestionada porque implicaría la muerte de las leyes de acceso a información pública y transparencia en el Estado, sin embargo, toda la responsabilidad recae en el presidente de la República, Santiago Peña, que tiene un claro conflicto de intereses, ya que justamente hay pedidos de datos pendientes relacionados a él en el caso de “Los sobres del poder”.
El afán de transparencia o no del presidente Peña quedará evidenciado mediante la decisión que tome, ya que el proyecto está en su tercer trámite en Diputados, donde simplemente deberán optar entre la moción más o menos letal contra la transparencia. Sin embargo, él tiene la potestad del veto o promulgación.
El único que a estas alturas puede evitar la derogación de facto de la Ley Nº 5189/14 (sobre provisión de informaciones de uso de recursos públicos) y la Ley Nº 5282 (de libre acceso ciudadano a la información y transparencia gubernamental) es Peña, vetando el artículo 24 de proyecto de ley, que tanto en su versión Diputados como Senado (en mayor o menor medida) son atentatorias contra el derecho ciudadano a acceder a datos públicos.
De eventualmente promulgar esta ley como está, el propio Peña estará facultado a denegar el pedido de las planillas de ingreso y egreso de personas a la residencia presidencial Mburuvicha Róga, solicitada la semana pasada a raíz del caso “Los sobres del poder”.
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Estos datos son relevantes, ya que se constató que el mandatario recibe asiduamente en Mburuvicha Róga a grandes beneficiados con millonarias licitaciones estatales en el quincho donde presuntamente se encontraron “sobres” con montos de US$ 100.000, según la denuncia.
En caso de negarse Peña –o cualquier funcionario– a la provisión de datos, una agencia dependiente del Ejecutivo deberá decidir si se concede o no el pedido. Es ilógico pensar que esta, al ser subordinada al mandatario, falle a favor del ciudadano.
Los cartistas adrede prostituyeron el proyecto de ley original de “protección de datos personales”, e introdujeron las modificaciones atentatorias contra la transparencia de datos públicos, ya que no solamente los beneficiaría en casos como el de Peña, sino también les servirá para resguardar a sus “nepobabies” y operadores colgados del Estado, para ocultar sus viajes y otros datos públicos.
Peña desde un inicio no se ha mostrado muy afín a la transparencia pública, ya que avaló el bastardeo de la Ley de Conflicto de Intereses en la Función Pública y reaccionó molesto cuando se pilló su flamante mansión en San Bernardino y que viajaba regularmente en un helicóptero de la Fuerza Aérea.
También se ofuscó al verse obligado a renunciar en abril de este año a sus acciones en Ueno Holding, donde era socio comercial del Grupo Vázquez, mimado con licitaciones y con millonarios depósitos de fondos públicos.
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Incluso imponen la censura
La eventual muerte de las leyes de transparencia públicas sería grave, ya que incluso en el Congreso Nacional, mediante su mayoría aplastante en ambas Cámaras, el cartismo frena no solo pedidos de informes legislativos, sino incluso el debate.
Así ocurrió el martes pasado en Cámara de Diputados, donde patotearon y luego cortaron la etapa de oradores para evitar que se hable de “Los sobres del Poder” relacionados al presidente Santiago Peña. Es decir, no permitirían que se acceda a datos públicos ni por la vía legislativa ni por la ciudadana, pese a que es un derecho constitucional.