El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández fue el principal encargado de defender el proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000 relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”, que fue blanco de críticas de todos los sectores: pasajeros, empresarios transportistas, choferes de buses y otros involucrados.
Pese a que el tema daba para un amplio debate, este duró menos de una hora y media debido a que la mayoría de los miembros de las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Cuentas y Control; Justicia, Trabajo y Previsión Social, entre otras, debían participar de la Comisión Bicameral de Presupuesto.
De arranque, Mauricio Maluff, de la Organizaciones de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) comenzó cuestionado que si bien esta es una ley marco, no establece una clara hoja de ruta de implementación (plan operativo) una vez que sea promulgada.
Por su parte, el titular del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana, César Ruiz Díaz, afirmó que la reforma fracasaría porque es “más de lo mismo” y culpó al gobierno de ser responsable del sistema deficiente actual.
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Por ejemplo dijo que en esta reforma se habla de comprar buses nuevos, pero que la tarifa actual que fija el gobierno solo alcanza para comprar buses usados, por lo que tendrían que subir el precio del pasaje para lograr su promesa.
Se sumó la asesora jurídica de Cetrapam, Lorena Segovia, que cuestionó que le quitarían la posibilidad de recurrir al paro total como medida de fuerza.
Entre sus pedidos puntuales, Cetrapam también mencionó que querían que el Consejo Asesor de Transporte tenga atribuciones vinculantes, que se clarifiquen cuáles son los componentes para fijar la tarifa (art. 66), que se otorgue a las empresas ya establecidas más del 5% ventaja competitiva en las futuras licitaciones y que se establezca un piso mínimo para los años de concesión, ya que ahora dice la ley “hasta 15 años”.
Segovia también planteó la “inclusión dentro del fondo fiduciario de un fondo específico que garantice a los trabajadores en el caso de cierre de las empresas que existan fondos para pagar las indemnizaciones y antigüedad laboral”.
Ramón Ávalos, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) calificó de “canto de sirenas” las promesas del gobierno y entre sus cuestionamientos, advirtió que el gobierno estaría enfocando este proyecto como un “negocio” y no repara en los pasajeros ni los trabajadores.
“Hoy se ha garantizado solamente la compra de buses y nada más, y se ha olvidado totalmente de la población y más, de los trabajadores”, dijo Ávalos.
Reforma del transporte público: postura del Viceministerio
En respuesta a Maluff, Fernández dijo que en el artículo 111 ya se habla de un “Plan de implementación de la ley” y que supuestamente si bien ya tiene una “hoja de ruta”, más adelante van a entregar un “plan de implementación formal para que todo el mundo sepa qué va a ocurrir”.
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Respecto a la financiación, dijo que la ley tiene todo un capítulo donde se establece que se crea un “fondo fiduciario y ahí se va a cargar, con el dinero que la gente carga en sus tarjetas y con el subsidio también”.
No se habló de monto de las tarifas, pero el viceministro dijo que priorizarían “una tarifa técnica que motive la participación del sector privado e incluso internacional”, lo cual es preocupante, ya que el foco no sería el usuario, sino atraer inversores.
Por otra parte, se opuso abiertamente al planteamiento de que el Consejo Asesor de Transporte tenga carácter vinculante, afirmando que es importante la independencia.
“Vamos a escucharles a todos, obligatoriamente vamos a hablar de tarifa con todos los actores, pero tiene que ser un dictamen no vinculante”, dijo.
Fundamentó diciendo que el “Consejo tiene que tener el poder de la independencia de su decisión, porque si tenemos una licitación donde van a participar los transportistas, hay un conflicto de intereses cuando es vinculante” la opinión.
Finalmente insistió en dejar establecido en la ley que si bien no pueden prohibir la huelga (o medidas como paro), se ratifican en declarar el transporte como servicio indispensable y por ende, no se avala un paro total.
“Se trabaja respetando el derecho a la huelga y el paro, que la propia ley establece el respeto, nosotros no estamos en contra de ese derecho, sería inconstitucional nuestra ley si hacemos eso y no lo hicimos; pero está del otro lado el derecho a la movilidad de la gente y ese conflicto de intereses, el Estado debe gestionar y eso se hace con un servicio mínimo que garantice la movilidad de la gente y eso lo que pusimos en la ley”, dijo.
El diputado Raúl Benítez (Indep.) propuso como reforma que se elimine la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y sea absorbida por el Viceministerio de Transporte, de lo contrario seguirán siendo entes divididos y escuálidos.