Muerte de la transparencia: aplazan una semana ley de “datos personales”

La Cámara de Diputados volvió a dilatar por una semana más el tratamiento del proyecto de ley de “protección de datos personales”, el cual arriesga de muerte a las leyes de transparencia y acceso a información pública. Viene siendo postergado hace más de un mes.

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, presidida por el cartista Raúl Latorre, de vuelta se decidió postergar por una semana más el estudio de la ley de Protección de Datos Personales.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, presidida por el cartista Raúl Latorre, de vuelta se decidió postergar por una semana más el estudio de la ley de Protección de Datos Personales.

A solicitud del vicelíder de bancada de Honor Colorado, diputado Miguel Del Puerto en la etapa de mociones de preferencia solicitó la postergación por una semana más del proyecto de ley “de protección de datos personales en la República del Paraguay”, controvertida, puesto su consecuencia real sería la aniquilación de las leyes de transparencia pública.

Con esta decisión, el tratamiento en tercer trámite legislativo es aplazado hasta la sesión ordinaria del próximo martes 30, si es que no vuelven a postergarlo. Con esta actitud dilatoria vienen pateando para adelante desde el pasado 19 de agosto, en la mayoría de sus casos sin argumentos.

Del Puerto tampoco argumentó ahora el pedido, que fue aprobado sin objeciones. El aparente motivo real es que el cartismo no quiere asumir el costo político de una decisión favorables a su versión, que es la más nefasta con relación a la del Senado, que si bien no es inofensiva, al menos mantiene mínima vigencia respecto a las leyes de transparencia.

El proyecto de protección de datos personales tuvo un origen loable, buscando precautelar el uso de datos de los ciudadanos (desde los de identidad, así como otros más sensibles como los bancarios o los biométricos), pero fue bastardeada por los cartistas al introducir en el artículo 24 restricciones a las leyes de acceso a información pública.

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En esta instancia ya no hay posibilidad de rechazo, por lo que, si se sanciona la versión Diputados, implicará directamente la muerte de la Ley Nº 5189/14 (sobre provisión de informaciones de uso de recursos públicos) y la Ley Nº 5282 (de libre acceso ciudadano a la información y transparencia gubernamental), ya que se establece que los funcionarios pueden oponerse a que se provea información pública que ellos no quieran.

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